Le dan con palo. El exmandatario Alan García acusó al gobierno del presidente Ollanta Humala de haberse rendido ante la “mafia del oro informal”, y cuestionó el Decreto Supremo (DS) 1105 –publicado ayer en el diario oficial El Peruano–, que amplía hasta 2016 el plazo para el proceso de formalización de la minería informal. García advirtió que hasta esa fecha ya se habrá destruido otras 50 mil hectáreas de bosques de la Amazonía.
El exjefe de Estado hizo esta aseveración al asegurar que los mineros informales manejan millones de soles y tienen contactos políticos. “Los capos del oro ilegal no son pobres. Son hampones ricos con millones, con dragas, camiones, tractores y contactos políticos”, indicó en su Twitter.
Recordó, asimismo, que durante su segunda administración se creó el Ministerio del Ambiente y con el apoyo de la Marina se dinamitaron dragas y se bloqueó la entrada a las zonas en peligro. “Hoy se retrocede”, manifestó contrariado.
“FALTA DE AUTORIDAD”
García, sin embargo, no fue el único que alzó su voz de protesta. Esta vez, la crítica provino de un exaliado del Gobierno, precisamente del exprimer ministro Óscar Valdés, quien acusó a la gestión de Humala de “falta de autoridad y de firmeza para enfrentar los conflictos sociales”.
“La gente dice que quiere autoridad y firmeza. Hemos perdido un poco la firmeza inicial, que debemos recuperar. El Perú necesita que se respete a la autoridad. Hay un error de comunicación (…) La población va a seguir reclamando, y creo que el Gobierno tiene que ponerse fuerte”, afirmó en RPPTelevisión.
Esta declaración coincidió con la del exministro del Ambiente Antonio Brack quien, un día antes, acusó al Ejecutivo de haber cedido a los requerimientos de los mineros ilegales “por miedo a las protestas”.
ENFRENTADOS
La aseveración de Valdés fue rechazada por su sucesor, el actual premier Juan Jiménez, quien aseguró que durante su gestión se ha venido enfrentando el tema de la conflictividad social con una estrategia de diálogo que –según dijo– viene dando resultados positivos para el país.
“En el último año se han resuelto 41 conflictos en el Perú que se vienen solucionando de manera distinta de cómo se hacía en el pasado. Eso no significa que no haya autoridad; eso significa que hay mecanismos importantes de prevención que están logrando que los conflictos se reduzcan drásticamente”, enfatizó.
Asimismo, negó que el Gobierno haya ampliado por dos años más el plazo de formalización de los mineros ilegales, hasta el 9 de abril de 2016.
Señaló que en ese año habrá un proceso de saneamiento para que los mineros artesanales y los pequeños mineros puedan insertarse para seguir con la formalización. A su turno, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, también defendió la prórroga. “Es interesante ver cómo el expresidente (García) está planteando que nosotros estamos cediendo, cuando la verdad es que él aprobó un DS, en 2011, que dio plazos hasta el 2016”, refirió.
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