María Cecilia Villegas: “Existieron las esterilizaciones forzadas. Y no debió haber una sola” [ENTREVISTA]

María Cecilia Villegas es abogada y columnista en este diario. Acaba de publicar ‘La verdad de una mentira’, un análisis del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado en el gobierno de Alberto Fujimori como política pública.

El libro señala que se registraron 773 denuncias contra el programa ante la Defensoría del Pueblo y solo 61 de ellas fueron sobre esterilizaciones forzadas. Cifra alejada de las 300 mil atribuidas al fujimorismo.

Ya había escrito una columna de opinión con el mismo título y las mismas premisas.
-El libro es una investigación académica que comienza en 2010 cuando hacía una maestría en Políticas Públicas en la Universidad John Hopkins, en Washington. En una clase de Demografía y Desarrollo, una de las lecturas mencionaba la política pública de esterilización forzada implementada en Perú. Yo llevaba nueve años viviendo fuera y me sorprendió porque, si bien había vivido en los noventa en Perú, no estaba familiarizada con ello. Entonces, la profesora del curso fue la que me impulsó a hacer una investigación. Vine al Perú y recolecté información del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo.

Entonces, luego de la investigación llegó la columna.
-Mi primera columna sobre el tema salió en 2012, cuando ya tenía dos años investigando. La crítica dice que he “escrito un libro en base a una columna”. No, es al revés. Pasó la campaña de 2016 en que fui entrevistada en varios medios por este tema. Y me sorprendió la reacción política de distintos activistas políticos. Entonces, diversos amigos que conocían del tema y la investigación me impulsaron a escribir el libro.

Uno de los principales puntos es el tema de las cifras. Usted dice que son 61 casos de esterilizaciones forzadas. Sin embargo, el número que se ha manejado es de 300 mil.
-Durante la implementación del programa, de 1996 a 2000, se realizaron 254,455 AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria). El mito surge en 2002, cuando Fernando Carbone era ministro de Salud, y es quien habla de 250 mil esterilizaciones forzadas. Se me acusa de ser negacionista, no lo soy. Existieron (las esterilizaciones forzadas). Y no debió haber una sola. Lo que importa es que hubo esterilizaciones sin consentimiento que no están vinculadas al programa, porque está documentado desde los años ochenta que los médicos decidían sobre el cuerpo de las mujeres y las esterilizaban sin consentimiento. Eso no está vinculado a esa política pública, sino a la debilidad institucional. Tenemos un mal servicio de salud y esas cosas ocurren. El objetivo del libro es analizar por qué ocurren. Y, a la par, analizar por qué se alían la derecha conservadora —con Luis Solari y Fernando Carbone— con la Iglesia católica —que se opone al uso de métodos anticonceptivos porque considera que los métodos no forman parte del plan de Dios— y la izquierda derecho-humanista, feminista.

Usted plantea que diversas ONG primero apoyaron el programa y luego ya no. ¿Qué ocurrió?
-Ellas reciben financiamiento de donantes de afuera para trabajar en el componente de educación del programa, que en sí es una buena política pública. Pero lo que no debió ocurrir nunca son las esterilizaciones forzadas. No hablo de que está bien porque no fueron 300 mil. No. Así hubiera sido una, no debió haber ocurrido en ningún momento. Los médicos que deciden esterilizar a las mujeres sin consentimiento debieron haber sido llevados a la justicia. Mi cuestionamiento va al hecho de que se busca proteger a los médicos usando el programa políticamente. Y luego, se busca la cancelación del programa y se desprotege a este grupo vulnerable de mujeres del sector D y E, y que hoy en día no tiene acceso a métodos anticonceptivos si no es pagando. Estos programas son necesarios, especialmente cuando se trata de empoderar a poblaciones para ayudarlas a salir de la pobreza.

¿Cómo se explica que por años se siga creyendo en los 300 mil casos?
-Probablemente es porque no les ha interesado saber exactamente qué ocurrió. Algo importante es que luego de que se canceló el programa en el gobierno de Alejandro Toledo, hubo 26 esterilizaciones sin consentimiento. Y esto aboga por la tesis que sostengo: las esterilizaciones sin consentimiento no fueron parte de una política de Estado.

Se señala que existen 2,166 denunciantes por casos de esterilizaciones forzadas en la Fiscalía. Pero su libro indica que es mucho menor.
-En realidad, la cifra de la Defensoría del Pueblo habla de 273 casos investigados entre 1994 y 2002, que es antes y después del programa, que va de 1996 al 2001. Y esto aboga por mi tesis de que las esterilizaciones sin consentimiento ocurridas no estaban ligadas al programa sino a esta estructura patriarcal y a las decisiones de médicos sobre el cuerpo de una mujer. Y nuevamente, no debió existir una esterilización sin consentimiento. Hay muchas mujeres que han sido esterilizadas en los ochentas y después del 2000 que incluso no saben que han sido esterilizadas. Que han sido atendidas por una cesárea y que simplemente no tienen más hijos y no saben la razón. Y es porque un médico decidió esterilizarlas sin que les den permiso y no les avisaron. Sobre el caso de los 2,166 denunciantes, yo he revisado las investigaciones fiscales, la última de la fiscal Marcelita Gutiérrez, y hay un número determinado de mujeres que denuncian haber sido esterilizadas sin consentimiento o a la fuerza. Sin embargo, en la revisión médica aparece que ellas nunca fueron esterilizadas. Sus trompas de Falopio están enteras. Entonces, es otra vez la utilización política. Sin duda, así haya una, esa mujer debe ser indemnizada y el médico responsable debe ser sancionado.

Se dice también que existen 3,761 personas que están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (del Ministerio de Justicia). ¿Puede comentar sobre ello?
-A ver, lo que pasa es que mi investigación lo que hace es un análisis de la política pública. Yo no he entrado a analizar cada uno de los casos. Sé que existen. Recojo el caso de Mamerita Mestanza Chávez que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que falleció el 5 de abril de 1998. Es inaceptable que haya muerto y que sus hijos se hayan quedado sin madre. Pero otra vez: ¿muere por el programa o por la debilidad institucional de los servicios de salud? Claramente muere porque tenemos una debilidad institucional que debemos enfrentar.

¿Cómo encuentra el sector salud en relación con este tema?
-Hoy en día si una mujer quiere esterilizarse y va a un hospital, la mayoría de médicos no lo quiere hacer. No quiere ligarle las trompas. El término correcto es ligar trompas, no es esterilizar. La mayoría de médicos no lo quiere hacer porque tiene miedo de que después haya represalias. Y esa es una de las consecuencias de la utilización política del programa. En el Perú, el aborto es ilegal pero se calcula que ocurren 400 mil abortos al año. Una de las consecuencias del aumento en el número de abortos es porque son producto de embarazos no deseados. En el año 2005, el 57% del total de embarazos fue no deseado ya sea porque esa madre no quería tener más hijos o porque fue a destiempo, es decir, quería tener más hijos pero no en ese momento. Si tuvieran acceso a servicios de salud y a métodos anticonceptivos, no hubiera ocurrido. Con los Programas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se busca que las mujeres sean dueñas de su destino, de su cuerpo.

Se dice que la implementación del programa formó parte de un plan para exterminar a las personas más pobres de la sierra y la selva para así reducir la pobreza…
-Eso no tiene sentido. El programa siguió los lineamientos de conferencias de Naciones Unidas. Proveía todos los métodos anticonceptivos que existían en el Perú en ese momento: condones, inyecciones de Depo provera, píldoras, te de cobre, las AQV que son la ligadura de trompa y vasectomías. Incluso sobre el método del ritmo y otros métodos naturales, para así explicar a las personas cómo se tienen que cuidar. Y estaba dirigido a un segmento vulnerable. Cómo puedes buscar acabar con una población, si las normas establecían que una mujer para someterse a una AQV tenía que tener 25 años y más de 4 hijos. Y creo que es necesario reconocer, en este afán de tacharme de negacionista, que uno de los errores de cuando se implementó la política es que no hubo un proyecto piloto. Otro de los errores es que se implementó de manera homogénea en todo el Perú. Y ahí hay que tener mucha consideración en quienes son los beneficiarios del programa.

Existen también acusaciones contra el programa de que no se les informaba a las personas qué eran las AQV o no se les precisaba que eran procesos irreversibles.
-Hubo información previa, pero recuerda que cuando se implementa una política pública, esta es implementada por seres humanos. Y los seres humanos cometen errores. Ninguna política pública es perfecta. Con esto, no estoy diciendo que una esterilización forzada o una sin consentimiento es un error. Eso es un delito. Pero que no se haya entregado suficiente información o que haya habido cierta presión para privilegiar la esterilización en lugar de otro método anticonceptivo, esos son errores o fallas en la implementación del programa. Pero de acuerdo con Endes (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) que hace el INEI, el 94% de las mujeres rurales sabía que la esterilización era irreversible. Las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca, que sin haber siquiera leído el libro, sostienen que es un panfleto cuando en realidad, un funcionario o autoridad elegida lo que necesita es informarse. Necesitamos hacer un debate verdadero sobre políticas públicas basado en evidencia, no basada en lo que yo creo que es, o lo que a mí me conviene que sea.

Usted también asegura de que no hubo una política interna en hospitales sobre la existencia de cuotas para que los médicos realicen un número determinado de AQV.
-Lo que yo sostengo es que no hay evidencia de que el Ministerio de Salud, bajo la aplicación de la política pública, haya establecido un número de cuotas. Esto no significa que, dentro de los hospitales, los directores no les hayan dicho a cada médico queremos esterilizar a 30 mujeres y que hayan contratado a visitadoras médicas para ir y dar información. Eso es otra cosa que se hace. Se contrata a visitadores médicos que van casa por casa, sobre todo en los segmentos más pobres y rurales, llevando información.

Reportajes periodísticos han presentado comunicados internos de hospitales, con sello del Ministerio de Salud, en los que exigen a los médicos que realicen cinco o tres AQV.
-No hay evidencia. Yo he visto una hoja que dice “convoquemos”. Esta hoja que está en uno de los hospitales dice “traer a mujeres para informarse sobre la esterilizaciones”. No dice realizar esterilizaciones. No tiene sello del Ministerio de Salud. Y lo otro que no he visto es que se les haya dado bonificaciones a médicos por realizar más esterilizaciones. O médicos despedidos por no realizar esterilizaciones.

Pero existen testimonios publicados en medios de información de doctores que señalan que les pagaban 30 dólares por realizar una AQV.
-¿Pero dónde está la evidencia? Un dicho no es evidencia. Uno tiene que mostrar que así fue.

Otros testimonios señalan que se entregaban alimentos a las personas para que se realicen las AQV.
-No hay evidencia de que haya habido presupuesto del Ministerio de Salud para pagarle a una mujer para esterilizarse. No hay evidencia de que haya habido presupuesto para darle regalos a mujeres. Al contrario, la evidencia lo que te muestra es que hay directivas del Ministerio de Salud prohibiendo de que se hagan pagos o regalos para acogerse a una esterilización.

¿Le preocupa que grupos fujimoristas utilicen sus argumentos a su favor?
-A mí no me preocupa absolutamente nada. Este libro lo que busca es un aporte al debate. En todo caso, hay suficiente información. Hay una responsabilidad. Lo que yo he encontrado es la debilidad institucional del servicio de salud, del acceso de justicia y los resultados de una política pública que si bien pudo ser bien diseñada no fue correctamente implementada y se canceló cuando no debió haberse cancelado. La utilización política del libro a mí me tiene sin cuidado. La investigación lo que busca es tratar de explicar a los ciudadanos qué es una política pública. Y por qué los ciudadanos tienen que regresar a involucrarse en la política y por qué tienen que exigirle al Estado implementar políticas públicas que respondan a sus necesidades que ellos tienen.

La acusan de ser fujimorista. ¿Lo es?
-No soy fujimorista. No milito ni tengo vinculación con ningún partido político. Y si algo me ha caracterizado es decir las cosas claramente.

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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 9 de agosto de 2017