Reportan más de 1,000 casos de trata de personas entre 2008 y 2012

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reportó que en el Perú se ha registrado 1,112 casos de trata de personas desde enero de 2008 a julio del presente año, considerándose como el segundo delito más lucrativo para el crimen organizado.

El reporte estadístico precisa que más de la mitad de las denuncias se concentran en Lima, Madre de Dios, Loreto, Puno y Piura. Asimismo, ocho de cada 10 víctimas de trata son menores de edad, entre los 13 y 17 años, y que cinco de cada 10 tratantes son mujeres.

La fiscal penal Miluska Romero Pacheco señaló que la mejor manera de enfrentar esta realidad es a través de la pesquisa proactiva del delito y enfatizó que es importante el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, a fin de obtener mayores evidencias del delito, las cuales se convertirán en pruebas en el juicio oral contra los tratantes.

“Si la Policía, con todo su ímpetu, desbarata una organización dedicada a la trata sin respetar el debido proceso, esa investigación no le va ser útil al fiscal y puede ser cuestionada en juicio, evitando una sentencia condenatoria porque no se respetó las reglas”, indicó Romero Pacheco en el programa Los fiscales.

En tanto, el juez penal Segismundo León Velasco sostuvo que se requiere de un trabajo de investigación “muy exhaustivo, delicado y especializado a fin de recabar elementos convincentes que se conviertan en pruebas para poder sancionar con severidad este delito”.

El magistrado dijo que, de probarse la ocurrencia del delito, al acusado o acusados se le establece una pena que va de 8 a 15 años de privación de la libertad. Comentó que el delito de trata de personas se puede presentar bajo distintas modalidades.

“Las víctimas pueden ser utilizadas para explotación sexual, laboral, para mendicidad, o para el tráfico de órganos. Lo más frecuente (en el Perú) es la explotación sexual y laboral”, añadió.

El Ministerio Público recordó la reciente formación de un equipo especializado que se encargará de capacitar a fiscales, jueces y policías del interior del país sobre este delito.