Fiscalía pide 31 años y 8 meses de prisión para dos mexicanos del caso 'carbonero'

El Ministerio Público solicitó 31 años y 8 meses de prisión para dos mexicanos, presuntos cabecillas de una mafia internacional de narcotraficantes del denominado caso ‘carbonero’, que intentaron enviar más de 7 toneladas de cocaína a Europa.

Los integrantes de esta banda podrían salir en libertad el próximo 24 de agosto al cumplirse los 36 meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial.

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La captura de los miembros de esta organización —que realizaba envíos de cocaína de gran pureza a Estados Unidos y Europa por los puertos del Callao y Paita— ocurrió el 25 de agosto de 2014 en el distrito residencial de Huanchaco, en Trujillo.

La droga fue hallada en los depósitos de las empresas Betas Andinas del Perú y Alfa & Omega, la misma que estaba escondida en trozos de carbón.

La acusación fiscal fue presentada el pasado 18 de julio por la fiscal Mayda Mori Anto, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

En el documento, los mexicanos Marco Antonio Larios Díaz, quien se encuentra prófugo, y Rodrigo Torres, son sindicados como cabecillas de la organización y habrían adquirido la droga desde Colombia y en la zona del VRAEM para después acopiarla en la localidad de Huanchaco, en Trujillo. Por ellos, la doctora ha pedido 31 años y 8 meses de prisión.

Así también, la representante del Ministerio Público ha solicitado 18 años y 4 meses de cárcel para Nazario Delgado Haro, Rubén Larios Cabadas (mexicano), Carlos Manuel Mendoza Rodríguez y José Elber Merchán Cortes.
Asimismo han sido comprendidos en la acusación fiscal Jhoseth Iván Gutiérrez León, Luis José Tinta Jara y Néstor Porfirio Herrera Villanueva, por quienes solicitan 15 años de pena privativa de la libertad.

Por otro lado, el Ministerio Público espera que la Sala Penal de la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso de casación presentado por el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, respecto a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1307, que regula la adecuación y prolongación de la prisión preventiva para casos de procesos de criminalidad organizada.

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