La Ley del Servicio Militar vulnera una serie de derechos fundamentales –como la igualdad y la libertad– y, por esta razón, debería ser declarada inconstitucional. La solución pasa por presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC), sostuvo el constitucionalista Samuel Abad al referirse a las acciones legales que iniciará la Defensoría del Pueblo.
Manifestó a Perú21 que la mencionada norma está obligando a las personas a enrolarse a alguna de las instituciones de las Fuerzas Armadas.
Además, comentó, brinda un trato discriminatorio ya que solo exonera a los universitarios o a aquellos que pueden pagar la multa. “Con el sorteo se está volviendo al viejo modelo obligatorio, en el que solo los pobres realizaban el servicio militar”, expresó.
CONTRA EL REGLAMENTO
Asimismo, indicó que existen varias acciones legales que se pueden interponer contra el Reglamento de la Ley del Servicio Militar ante el Poder Judicial. Una de ellas es la acción de amparo, por afectación del derecho de la igualdad; un hábeas corpus, por vulneración del principio de la igualdad, y una acción popular.
Abad señaló que la Defensoría del Pueblo tiene las facultades para encargarse de todos estos procesos.
“Creo que el servicio militar debería ser voluntario y que hay que fortalecerlo. Con la economía más solvente podemos contar con Fuerzas Armadas más profesionales”, recalcó.
De otro lado, el general Carlos Paz, jefe del Comando de Reservas y Movilización del Ejército, anunció que el 19 de junio se realizará el sorteo público para cubrir 12,500 plazas de reclutas en todo el país.
Refirió que este acto se llevará a cabo en el coliseo Mariscal Cáceres, en Chorrillos, el mismo que contará con la presencia de un notario.
Asimismo, anunció que se empleará la base de datos y el sistema informático del Reniec. “Los elegidos tendrán que presentarse a su unidad de acuerdo con un cronograma establecido”, finalizó.
DATOS
- El congresista Luis Iberico aseguró que presentará una iniciativa para modificar la Ley del Servicio Militar.
- Señaló que su proyecto pretende que se exceptúe del reclutamiento a los estudiantes de institutos y que se elimine la multa. Así, quien salga sorteado se verá forzado a acudir al ‘llamamiento’.
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