La Contraloría General de la República instó a las autoridades y a los funcionarios del sector público a mantener la “neutralidad” y la “absoluta imparcialidad política” durante el próximo proceso de revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a los 39 regidores.
Mediante un comunicado, el organismo de control advirtió que los trabajadores estatales que infrinjan este deber son pasibles de sanción, conforme a la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Asimismo, precisó que se encuentran vigentes las normas emitidas por la autoridad electoral y su institución sobre la prohibición de divulgar o difundir publicidad estatal durante los procesos electorales, así como el de utilizar locales institucionales, infraestructura, vehículos, útiles de oficina, equipos de cómputo, entre otros.
“Todo funcionario o servidor público está prohibido de realizar actividades de proselitismo político dentro de los horarios de trabajo o en el ejercicio de sus funciones, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos”, indica la institución.
La Contraloría remarca que se encuentra vigilante ante cualquier denuncia sobre el uso indebido de bienes y recursos públicos con fines electorales, sin perjuicio del rol que cumplen los organismos electorales en la materia.
Las denuncias sobre estos hechos ilegales o arbitrarios pueden ser presentadas ante el Sistema Nacional de Atención de Denuncias (SINAD), a través de su modalidad de Denuncias en Línea o en el módulo de atención ubicado en Jr. Pablo Bermúdez 274, en Jesús María.
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