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El Tribunal Constitucional estaría sometido a Gana Perú

Nominación de tres de sus miembros por el oficialismo pone en riesgo autonomía de ese órgano. “Magistrados vinculados al actual régimen podrían ser presionados”, advierte Javier Alva.

Los nuevos magistrados del TC serán elegidos por un periodo de cinco años, hasta 2018. (USI)
Los nuevos magistrados del TC serán elegidos por un periodo de cinco años, hasta 2018. (USI)

Patricia Quispe
pquispe@peru21.com

No solo la nominación de Pilar Freitas a la Defensoría del Pueblo está en el centro de la tormenta. La pretensión de Gana Perú de ocupar tres de las seis vacantes del Tribunal Constitucional (TC) también genera preocupación y ha puesto en alerta a juristas y a políticos.

La razón es muy simple: de acuerdo con la Ley Orgánica del TC, para que este organismo declare la inconstitucionalidad de una ley o resuelva la inadmisibilidad de una demanda de inconstitucionalidad, se requiere el voto favorable de cinco miembros.

Si tomamos en cuenta que son siete los integrantes del tribunal y que tres de ellos representan ante esa instancia a Gana Perú, entonces es válido advertir que la posibilidad de que acciones de inconstitucionalidad contra leyes avaladas por el Poder Ejecutivo –como las del Servicio Militar, Servicio Civil o, eventualmente, la Ley Universitaria– sean bloqueadas es un riesgo latente.

No solo eso. Actualmente, el TC está constituido por dos salas –de tres miembros cada una– que conocen, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de acciones de amparo, hábeas corpus, hábeas data, etc. Sus fallos requieren tres votos conformes, los cuales fácilmente puede acreditar el oficialismo.

AUTONOMÍA EN RIESGO
En declaraciones a Perú21, el expresidente del TC Javier Alva Orlandini reconoció que existe “el riesgo de que magistrados que tengan alguna vinculación con el régimen actual puedan ser presionados para que no actúen con la independencia debida” y, en ese contexto, recordó lo ocurrido con la ‘ley de interpretación auténtica’ del artículo 112º de la Carta Magna, que habilitó la candidatura a una re-reelección de Alberto Fujimori.

Agregó que la única forma de garantizar que el TC “actúe con total autonomía, independencia, y haciendo prevalecer el derecho a cualquier otro compromiso”, es que se elija a juristas “que actúen con sujeción a las normas y sin menoscabar su independencia”.

Sobre el tema, el extitular del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Víctor García Toma, precisó que la actuación del renovado tribunal dependerá del “temperamento” y la “actitud” de quienes resulten elegidos. “No creo que Eguiguren se preste a una actitud tan cerrada. Podría pasar con Cayo Galindo, que es cuadro del oficialismo”, comentó.

TRIBUNAL SOMETIDO
En predios políticos, sin embargo, la percepción es bien clara. El expremier Javier Velásquez sostuvo que con tres representantes en el tribunal “no habrá acción de inconstitucionalidad a leyes o decretos de urgencia dados por este gobierno” que sea aprobada.

“Es inaudito. En plena democracia, el TC será tomado por el Gobierno, mientras que su aliado, Perú Posible, tomará el control político de la Defensoría del Pueblo”, fustigó.

Mauricio Mulder fue más allá. Advirtió que hay el precedente de fallos contradictorios del TC sobre casos similares, por lo que no descartó que los nuevos integrantes emitan sentencias enmendándole la plana al tribunal en ejercicio.

No desestimó incluso que, pese al desmentido de la primera dama, la postulación de Nadine Heredia a la Presidencia sea analizada en ese organismo “gracias a la predominancia de nacionalistas: dos excongresistas (Cayo Galindo y Víctor Mayorga) y un exministro (Francisco Eguiguren) que ya adelantó que la prohibición a la ‘reelección conyugal’ le parece inconstitucional. Lo que pueda ocurrir en el TC es impredecible”, puntualizó.

PARA TENER EN CUENTA

En agosto de 1996 se promulgó la Ley 26657, que habilitaba a Alberto Fujimori para que postulara a una segunda reelección.

El Colegio de Abogados de Lima presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TC que, de acuerdo con la Ley Orgánica vigente entonces, requería de 6 votos para ser aprobada.

Pero la acción no prosperó. Cinco magistrados votaron a favor y dos en contra. Estos fueron Francisco Acosta y José García Marcelo, de conocida vinculación con el fujimontesinismo.


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