Procurador Joel Segura pidió investigar a jefa de prensa de la PCM

El procurador Anticorrupción Joel Segura aseguró a Perú21 que su despacho ya realizó los pedidos a la Fiscalía de la Nación para iniciar investigación a la jefa de la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Blanca Rosales Valencia, por unas adquisiciones inmobiliarias que –según denuncias periodísticas– evidenciarían un presunto desbalance patrimonial.

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“Sí, ya se hicieron los pedidos para la investigación (a Blanca Rosales). La fiscalía no nos ha notificado, pero ya se hizo el pedido”, precisó Segura sobre el caso de la jefa de comunicaciones de este Gobierno.

Por otro lado, Blanca Rosales asistió hoy a la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el parlamentario Enrique Wong (Solidaridad Nacional), y negó que haya cometido alguna clase de irregularidad en la compra de tres propiedades, entre 1999 y el 2014.

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En la sesión, Rosales Valencia precisó que la única propiedad adquirida en el presente gobierno es un inmueble ubicado en el distrito de San Isidro, valorizado en US$230,000, el cual ha financiado a través de un crédito hipotecario a un plazo de 10 años con la Cooperativa Ahorro y Crédito San Isidro Ltda.

Señaló que los US$66,500 que usó para abonar su inicial provienen de los ahorros de su madre, Zoila Valencia Chumpitazi, quien cobra desde 1973 una pensión de cédula viva, la cual fue generada por el cadete FAP Manuel Rosales Valencia, hermano de la funcionaria de la PCM que falleció hace 42 años en acto de servicio.

Blanca Rosales indicó que no es cierto que la cuota mensual que debe pagar a la Cooperativa San Isidro ascienda a S/.15,000, como lo señaló el programa Panorama utilizando como referencia un simulador de crédito, sino de S/.8,220. Además, indicó que el interés anual del préstamo que recibió es de 16.8%.

Finalmente, la jefa de la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros negó que tenga vinculación con el empresario Martín Belaunde Lossio, investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir en el caso ‘La Centralita’, y que solo tuvo contacto con su pariente política (la vendedora del inmueble) al momento de la firma en la notaría.