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'Narcoindultos': En el gobierno aprista se aprobaban expedientes en solo 50 segundos

Procurador Anticorrupción Joel Segura solicitó que Miguel Facundo Chinguel y otros acusados den reparación civil al Estado peruano.

Piden que implicados paguen S/.100 millones de reparación civil al Estado peruano. (Juan Ponce Valenzuela/USI)
Piden que implicados paguen S/.100 millones de reparación civil al Estado peruano. (Juan Ponce Valenzuela/USI)

El fiscal encargado del caso narcoindultos, Walter Delgado Tovar, indicó que la Comisión de Gracias Presidenciales del segundo gobierno aprista, presidida por el procesado Miguel Facundo Chinguel, se burló de la lucha que realizó la justicia ordinaria contra el narcotráfico y otorgó estos beneficios más que en ningún otro régimen.

Durante su exposición ante el Juzgado Penal Colegiado, Delgado sustentó que “se trata de un caso de corrupción que favoreció al narcotráfico”, debido a que se habría otorgado, de manera irregular, conmutaciones de pena a condenados y organizaciones completas por delitos de tráfico ilícito de drogas agravado.

El representante del Ministerio Público (MP) indicó que “durante la gestión de Facundo Chinguel se otorgaron conmutaciones de penas a 886 sentenciados” y que, en algunos casos, su aprobación llegaba a demorar tan solo “50 segundos”.

Delgado manifestó que “esta comisión operaba sin ningún tipo de control ni fiscalización estatal” en el trámite de conmutaciones, al punto de “maquillar” y “alterar” los expedientes de los condenados.

Asimismo, el fiscal refirió que la organización delictiva empezó cuando Facundo Chinguel fue nombrado presidente de la citada comisión y que, incluso, el funcionario aprista llegó a tener la protección de mafias dedicadas al narcotráfico al interior de los establecimientos penitenciarios.

“Chinguel vendió sus atribuciones de recomendar indultos”, aseveró Delgado en la sala de audiencias del penal Piedras Gordas I en Ancón.

El Ministerio Público reiteró su pedido de 17 años de pena privativa contra el ex funcionario, y, además, solicitó que los 14 implicados en el caso abonen el pago de S/.100 millones por concepto de reparación civil en favor del Estado.

Otros de los incluidos en el pedido fiscal son Noelia Gómez Paulet, Manuel Carrera Toribio, Dámaso Luyo Vicente, Fredy Vilela Nijahuanca, Edith Ojeda Julca, Carlos Butrón Dos Santos, Rafael Agurto Chiguán y Henry Cutipa Paricahua, para quienes Delgado solicitó 16 años de prisión.

Para Bernardina Niquén Giraldo pidió 15 años de prisión; para José Marrufo Acosta, nueve años; para Jaime Acevedo Saavedra, ocho años; para Lorenzo Toledo Leyva, seis años; y para Teófila Alzamora Leyva, tres años.

Se les imputa la comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado.

RESPALDA A FISCALÍA
Por su parte, el procurador Anticorrupción, Joel Segura, respaldó el pedido del Ministerio Público.

“Las normas son uniformes en reconocer el pleno derecho a la pretensión, en tanto tengamos la condición de actor civil en el proceso”, señaló.

“Las bases para dicha pretensión están en el daño causado por el hecho ilícito de los imputados y demostraremos cómo estos no solo han causado el hecho ilícito, sino que también existe conexión de causalidad entre la conducta y el hecho prohibido, así como el actuar doloso que han realizado”, enfatizó.

DEBEN CITAR A GARCÍA
En tanto, el congresista Sergio Tejada, ex titular de la ‘megacomisión’ parlamentaria que investigó la gestión del ex presidente Alan García, consideró que el ex gobernante debería ser citado en esta causa.

“El fiscal Delgado ha dicho que la organización delictiva se constituye cuando ingresa Facundo Chinguel, pero este ingresa por orden directa del ex presidente Alan García”.

“García tiene que ser citado, por lo menos como testigo, para que diga en qué circunstancias llamó a Facundo Chinguel, qué indicaciones le daba, qué grado de conocimientos tenía sobre la comisión de gracias y por qué rebajaba las penas en algunos casos específicos”, indicó.

“Ha sido una política muy equivocada que le ha hecho gran daño al país, y si García quiere ser candidato va a tener que responder”, remarcó.
“Y ya sabemos que (García) no es una persona que acostumbre a pedir disculpas ni hacer una autocrítica”, concluyó.

En tanto, el ex procurador Anticorrupción, Julio Arbizu, señaló a Perú21 que el caso ‘narcoindultos’ debería ser el caso por el cual, finalmente, el ex presidente Alan García “debería ser rigurosamente investigado”.

“A mí no me queda claro cómo es que un funcionario de mando medio como Facundo Chinguel, por más representante de la comisión de gracias presidenciales que haya sido, haya tenido el poder suficiente para conmutar penas a narcotraficantes. García era quien decidía”, sostuvo.

“De hecho, están las cartillas de reducción de pena corregidas de puño y letra por el ex presidente”, recordó.

El ex procurador anticorrupción indicó que tanto García como otros funcionarios de alto rango durante su gobierno fueron beneficiados por los anteriores fiscales de la Nación. “Yo solicité en, por lo menos, tres veces abrir investigación preliminar a García, pero eran rechazadas”, señaló.

“La impunidad de García es histórica. Él ha forjado su carrera política al mismo tiempo que su impunidad, beneficiándose de ella para mantenerse vigente en la política nacional. Ya es hora que funcionarios con más rigor lo emplacen seriamente”, manifestó en clara exhortación al actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.




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