Julio Gagó: Solicitan levantamiento de secreto bancario de congresista

El procurador anticorrupción, Christian Salas, confirmó hoy que se solicitó el levantamiento del secreto bancario del congresista fujimorista Julio Gagó y de las personas vinculadas a él, como parte de la investigación por sus presuntos vínculos con una empresa que hizo contratos con el Estado.

El fiscal de la Nación, José Peláez, dispuso el martes abrir una indagación preliminar al parlamentario de Fuerza Popular, a quien se acusa de dividir su empresa Jaamsa en otras compañías, como Copy Depot, para seguir vendiendo al Estado.

Como se sabe, la ley señala que todo funcionario público está impedido de realizar contrataciones con el Estado.

“Este es uno de los pedidos que se ha formulado, no solo contra el señor (Julio) Gagó, sino contra algunas personas vinculadas a él, para ver si efectivamente tienen o no la capacidad económica”, expresó Salas a Canal N.

“El levantamiento del secreto bancario, reserva bursátil y tributaria sin duda será vital. Hemos pedido ayer a la Fiscalía de la Nación que una vez que se recabe toda la información, se desarrolle una auditoría contable a todas las empresas vinculadas para ver si hay inconsistencias entre ellas”, comentó.

Precisó que la investigación de los 58 inmuebles vinculados con la empresa Jaamsa determinará la vinculación entre ellas, pues remarcó que, según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Gagó figura como parte del accionariado de Jaamsa y Copy Depot es independiente.

“Lo que hay que indagar es que si en la práctica eso se manejaba así o si Gagó desarrollaba la misma función que ejercía con Jaamsa a través de Copy Depot, es decir, si Copy Depot es una empresa de fachada que era utilizada simplemente para que Jaamsa continuará vendiendo al Estado”, aseguró.

Salas manifestó que según las informaciones recabadas, Amancio Armas, uno de los fundadores de Copy Depot, “no tendría mayores bienes que un vehículo de poco valor” y que la casa donde vive en Chorrillos “no es de él”.

De otro lado, descartó que la investigación en su contra sea “una cortina de humo”, y señaló que siempre que hay una denuncia por corrupción, que involucra a funcionarios electos por voto popular, siempre arguyen persecución política y ensañamiento.

“Aquí estamos ante elementos objetivos, como el hecho de que hayan testigos, que haya una denuncia de la procuraduría, que haya un reportaje televisivo o una investigación abierta por el propio fiscal de la Nación, ¿eso es una persecución política o son hechos objetivos?”, se preguntó.

De igual modo, explicó que es irrelevante el monto de ganancia por parte de la empresa Copy Depot, pues la incompatibilidad está establecida en la Constitución.

“La denuncia que planteamos es por negociación incompatible, que tiene sanción de 6 años, pero también nuestra denuncia es por los otros delitos que pudieran advertirse de la investigación, como colusión y enriquecimiento ilícito”, puntualizó.