Gisella Orjeda, presidenta del Concytec, fue denunciada por conflicto de intereses

La presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Gisella Orjeda Fernández, está en la mira del Congreso. Un trabajador de esa institución la denunció por presunto conflicto de interés, luego de que la entidad subvencionara proyectos de investigación a cargo del biólogo Carlos Merino Méndez, quien era socio de Orjeda cuando recibió cerca de medio millón de soles para ejecutar dos de estos trabajos científicos.

En abril de 2011, Gisella Orjeda, Carlos Merino y Joanna Gambetta fundaron la sociedad anónima Genoma Technology & Chemical Analysis (GTCA), según escritura pública de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Meses después, sin embargo, se cambió una letra de la palabra Genoma, y en adelante quedó con Genome.

Más de un año después, en agosto de 2012, Orjeda fue designada titular del Concytec, el organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que tiene por objetivo normar, supervisar y fomentar acciones en el campo de la ciencia. Por este último es que está facultado para entregar subvenciones a terceros que elaboren proyectos circunscritos al rubro.

Tres meses después de ese nombramiento, en noviembre, Carlos Merino ganó una subvención por S/200 mil al ser uno de los investigadores elegidos para realizar un proyecto de mejoramiento del cultivo de quinua. En ese momento, el especialista en biología molecular representó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), donde hoy es director de la Unidad de Genómica.

Un mes después, según la denuncia, Merino volvió a ser beneficiado con un premio del Concytec al ser el investigador principal de un proyecto de caracterización varietal de piscos presentado por la Asociación Nacional de Productores de Pisco. De acuerdo al contrato, el monto total otorgado bordeó los S/600 mil, de los cuales 271 mil soles fueron entregados al propio científico.

Todo esto sucedió mientras Orjeda era presidenta del Concytec y gerente general de GTCA al mismo tiempo. Recién en diciembre de 2013, según consigna la Sunarp, ella renunció a su cargo en la compañía.

Rechaza denuncia

Puesta al tanto de la denuncia, Gisella Orjeda rechazó haber incurrido en conflicto de interés. En diálogo con Perú21, adujo que Carlos Merino es un investigador independiente a quien, sostuvo, no se le puede negar que concurse para recibir este tipo de fondos.

“Él no se ha presentado a nombre de la empresa GTCA, lo ha hecho como un científico que postula a concursos nacionales y extranjeros como parte de su trabajo, ¿por qué tendría yo que impedirle trabajar?”, argumentó.

Orjeda se defendió también explicando que ella no elige los proyectos ganadores, sino una junta de expertos internacionales que no quiso mencionar. No obstante, como la máxima autoridad del Concytec es la única que puede autorizar la entrega de subvenciones.

“Todo proyecto que postula no lo ve la presidencia de Concytec, para ello se elige a una o varias personas que escogen a evaluadores externos que deben cumplir dos requisitos mínimos: no tener relación con la entidad y tampoco con los investigadores. Y por cuestiones legales tengo que firmar la resolución para que siga el proceso, no lo puedo detener”, expresó.

Consultada por este diario sobre por qué no dio un paso al costado a GTCA antes de asumir la presidencia de Concytec, Orjeda señaló que no pudo hacerlo porque necesitaba el consenso de los otros dos socios. Para 2012, dijo, Joanna Gambetta estaba en Australia y no regresó al Perú sino hasta el 2013, año en el que se formalizó su salida de la empresa. Perú21 intentó contactarse con Gambetta para recoger su versión de los hechos, pero no tuvo éxito.

Este diario se comunicó con Carlos Merino, quien precisó que conoció a Orjeda en el año 2010 (cuando esta trabajaba en la Universidad Cayetano), luego de regresar al Perú tras estudiar un doctorado en la Universidad Ludwig Maximilian (Alemania). “Algunos colegas me recomendaron que hablara con ella, fue así que ingresé a trabajar a la Unidad de Genómica de la universidad”, manifestó a través de un correo electrónico.

Merino aseguró que la empresa que conformó con la funcionaria “no generó rentas” y que esta no accedió “a ningún tipo de financiamiento” público. Agregó que no evaluó un posible conflicto de interés porque quien calificó las propuestas científicas “fue un panel anónimo de expertos”, mas no su socia de ese entonces.

En diciembre de 2015, un año después de que GTCA fue dada de baja de oficio, según registra la Sunat, la UPCH ganó una subvención por más de 3 millones 600 mil soles para ejecutar, entre otros, el Centro de Excelencia en Cacao, para el cual se destinaron S/2 millones del total. El vicepresidente de investigación de este centro es Merino, según detalla en su cuenta de Linkedin, y tiene por responsabilidades planear y coordinar actividades científicas.

Cuestiones legales

Consultado para este informe, el abogado experto en gestión pública Julio César Castiglioni indicó que, como señala el artículo 8 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, este caso califica como un conflicto de intereses.

“Sí se incurre en una falta. Ambos pertenecían a la misma persona jurídica y la señora Orjeda no podía ignorar o desconocer ello al momento de firmar el otorgamiento del beneficio”, explicó.

Castiglioni indicó que, como presidenta de Concytec, Gisella Orjeda pudo inhibirse de firmar la entrega de subvenciones a Carlos Merino, de quien dijo que puede contar con los mejores títulos académicos que lo califiquen como un investigador experto “pero era un allegado a la funcionaria y ella debió preservar los caudales públicos” evitando suscribir las resoluciones.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ratificó en el cargo a Gisella Orjeda. El primer ministro, Fernando Zavala, decidió mantenerla al frente del organismo que depende de la PCM. Quizás porque no era una desconocida para él.

Y es que en mayo de este año, Concytec le entregó a la cervecera Backus, cuando por ese entonces Zavala era gerente general, un reconocimiento que le valió acceder a beneficios tributarios.

El artículo 88 de la Ley de Procedimientos Administrativos es claro. Señala que el funcionario debe solicitar su abstención cuando tenga una relación laboral, familiar o comercial con una persona sobre la cual debe tomar una decisión.

Mónica Yaya: Funcionaria debió abstenerse

“Para evitar el conflicto de intereses, el servidor público debe pedir inhibirse de firmar a su superior jerárquico, en este caso la funcionaria debió comunicar a la Presidencia del Consejo de Ministros para que esta entidad decida si el concursante sigue participando o es retirado. Porque puede darse que a un concurso se presente un familiar o un amigo y, ante ese escenario, lo mejor es advertir la situación. La firma de un funcionario implica una conformidad y al darla está dando su aprobación, está tomando una decisión. Lo que está en tela de juicio es la imparcialidad del funcionario, porque, más allá de que el concursante tenga las mejores referencias académicas, hay otros que postulan por lograr la subvención. El servidor público debió solicitar la abstención para no manchar la elección del postulante.”

Tenga en cuenta:

• En diálogo con Perú21, el titular de la Comisión de Innovación y Tecnología del Congreso, Juan Carlo Yuyes, indicó que el grupo de trabajo investigará la denuncia contra Concytec.

• “Estamos coordinando con la Comisión de Fiscalización para viabilizar las indagaciones que correspondan”, dijo.

• Concytec pasó a depender de la PCM en junio de 2012. Antes estaba adscrito al Ministerio de Educación.