Al descubierto. Legisladores de la oposición integrantes de la Comisión de Inteligencia del Congreso revelaron este miércoles que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) fueron las dependencias que hicieron el rastreo ilegal a políticos, empresarios y periodistas, utilizando claves asignadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio del Interior.
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En consecuencia, descartaron la tesis oficial de que el seguimiento estuvo a cargo de “agencias externas”. “Aquí ha habido uso de recursos del Estado. Se han usado agentes de Inteligencia, filmaciones, vehículos y equipos de seguimiento durante meses; eso demuestra que la DINI y la Digimin estuvieron dedicadas a seguir a políticos por órdenes superiores”, subrayó la vicepresidenta de la Comisión de Inteligencia, Luz Salgado.
A LA FISCALÍA
Esta información está contenida en la adenda del informe de minoría sobre la investigación de las denuncias de espionaje a políticos y otros por parte de la DINI, que fue entregado este miércoles a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y que los legisladores Salgado, Carlos Tubino y Javier Bedoya reclamaron sea recogido por la Fiscalía de la Nación para profundizar en las indagaciones.
En conferencia de prensa, Tubino reseñó que agentes de la DINI y de la Digimin elaboraron “ayudas memoria” sobre el seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinoza, la congresista Natalie Condori y Jorge del Castillo, utilizando fotografías del Reniec, a las que accedieron usando códigos de la PCM y del Ministerio del Interior.
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A modo de ejemplo, explicó que en el caso de Del Castillo, el agente de la DINI –identificado como jefe de Producción de Inteligencia–, buscó en el Reniec a cada una de las personas que visitó al dirigente aprista apenas unos días después de que se reunieran con él en sus oficinas. “Estos ya no son indicios, son pruebas contundentes que deben conocerse”, subrayó.
DENUNCIA
El parlamentario Javier Bedoya, en tanto, precisó que durante las indagaciones agentes de la DINI intentaron “soplarle la pluma” de este seguimiento a una supuesta agencia privada del ex titular del Interior, Fernando Rospigliosi. Sostuvo que esta presunción fue hecha suya “como un libreto” por el presidente Ollanta Humala, a quien implícitamente identificó como el superior que habría impartido la orden de rastreo. Reforzó esta presunción indicando que la ex premier Ana Jara no dio las órdenes para este seguimiento, versión que fue ratificada por Salgado.
En esa línea, Javier Bedoya no descartó la posibilidad de que, al término de su mandato, el presidente Ollanta Humala sea denunciado por estos hechos. “Ahora es inimputable y no puede ser acusado, cuando deje de ser presidente sí se le podrá acusar”, concluyó.
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