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Denuncian traslado irregular de 14,100 armas a un cuartel

Propietarios del armamento importado para su venta desconocen cuál es el destino de carabinas, escopetas, revólveres y pistolas, cuyo valor ascendería a US$10 millones.

El jefe de Sucamec autorizó el traslado sin notificar formalmente a los propietarios de las armas. (Sucamec)
El jefe de Sucamec autorizó el traslado sin notificar formalmente a los propietarios de las armas. (Sucamec)

Óscar Libón (olibon@peru21.com)
En la madrugada del sábado reciente se trasladaron más de 14,100 armas, de propiedad de empresarios importadores, desde el almacén de la Sucamec (Superintendencia de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) –ubicado en la zona residencial de Magdalena– hacia el cuartel Barbones del Ejército, en el populoso distrito de El Agustino, frente a Barrios Altos.

En esta operación fueron transportadas armas de largo, mediano y corto alcance, como carabinas, escopetas, revólveres y pistolas, cuyo valor total oscila entre 8 y 10 millones de dólares, según estimaciones de los representantes de las compañías consultados por Perú21.

El transporte del armamento se realizó con la custodia de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales, de la Policía Nacional, en un solo envío, de acuerdo con fuentes oficiales.

Varios de los empresarios denunciaron que hasta la fecha no han sido informados o notificados, de manera formal, respecto a ese traslado, el cual consideran que es irregular. Es decir, desconocen el destino, el estado y las condiciones en que se encuentran las armas que importaron legalmente.

Esos pertrechos, ingresados al país para su venta a personas o empresas de seguridad, deben ser conducidos por los importadores desde las instalaciones de Aduanas hacia los dos locales autorizados para almacenarlos, uno en la misma Sucamec y el otro en el sótano del Ministerio del Interior y, así, estas entidades asumen la responsabilidad de las armas.

Pero ahora la Sucamec acaba de estrenar otro depósito en las instalaciones del mencionado cuartel, construido a finales del siglo XIX (1800) y que fue declarado Monumento Nacional por el Instituto Nacional de Cultura (INC), en 1991.

Fuentes militares indican que allí operan dos batallones del Servicio de Material de Guerra del Ejército y, además, es donde están destacados los ‘Húsares de Junín’.

POSICIONES ENCONTRADAS
Al respecto, el gerente general de Lima Guns S.A., José Luis Sánchez, manifestó que se ha cometido un acto indebido y, por esa razón, el lunes próximo acudirá hasta la dependencia castrense con un fiscal de Prevención del delito para efectuar una inspección ocular de sus bienes.

“Tengo una póliza de seguros de las armas que cubre los almacenes conocidos, no un cuartel del Ejército, pues previamente debió haber pasado una revisión de las medidas de seguridad de las instalaciones”, dijo a Perú21.

Por su parte, el jefe de la Sucamec, Derik Latorre, sostuvo que el traslado del armamento obedeció a que el local de esta entidad, en Magdalena, no reunía las condiciones de seguridad para las personas que laboran allí y para los vecinos de la zona, y que una dependencia militar sí cumple con esos requerimientos.

Señaló, a Peru21, que la Sucamec administra el depósito en ese cuartel en base a un convenio suscrito con el Ejército la semana pasada.

NO TIENE ASIDERO LEGAL
Análisis de Dardo López-Dolz, exviceministro del Interior

Al efectuarse el transporte de armas de propiedad de importadores legales, desde los almacenes de la Sucamec (Ministerio del Interior) al cuartel Barbones del Ejército (Ministerio de Defensa) se habrían producido varios ilícitos penales.

Defensa no tiene facultad alguna para almacenar propiedad privada y al hacerlo se configura el delito de usurpación de funciones. Y esto sería aún más grave si se comprueba la participación de la Alta Dirección.

Es como si, de facto, el despacho del Interior decidiese almacenar, en una dependencia militar, los autos o los pantalones que se importen al país.

Además, se habría cometido el delito de apropiación ilícita y configurado la responsabilidad penal del depositario al permitir que terceros tomen posesión de mercadería recibida en depósito, servicio por el cual han cobrado una tasa.

No hay norma legal que sustente la utilización de cuarteles como almacenes civiles. Esto ya se intentó antes, pero no se concretó.


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