Carmen Omonte obtuvo concesión a través de testaferros

Óscar Libón (olibon@peru21.com)
Los anteriores dueños formales de la concesión minera ‘Luyando 10’, que fue vendida a la empresa familiar de la ministra Carmen Omonte, son los esposos limeños Rosendo Ávila y Elsa Balbín, quienes –aparentemente– recibieron US$50 mil dólares a cambio de esa transferencia de derechos mineros que fue registrada en Huancayo, región Junín, según documentos oficiales.

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Para conocer los detalles de la transacción, el lunes último Perú21 contactó a Elsa Balbín (47 años), vía telefónica.

“No sé de qué me está hablando”, respondió cuando se le preguntó sobre el título minero que supuestamente gestionó junto a su cónyuge, desde setiembre de 2011, en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), órgano del ministerio de Energía y Minas.

“Cuando llegue mi esposo, le diré que se comunique con usted. Ahorita tengo dolor de cabeza”, adujo antes de interrumpir la conversación.

Su cónyuge, Rosendo Ávila (48 años), no contestó las llamadas telefónicas.

Al día siguiente (ayer), este diario fue hasta el domicilio donde ambos residen desde hace varios años, en la denominada Agrupación La Libertad, en la zona Los Constructores, San Juan de Lurigancho.

Ninguna persona respondió en la modesta vivienda levantada sobre un peñasco. Sin embargo, los vecinos dijeron que Ávila era chofer del empresario Luis Dyer Ampudia, exesposo de Carmen Omonte y también accionista de Cemento Amazónico, compañía que adquirió la referida concesión minera, que está ubicada en Tingo María, Huánuco.

Incluso, una vecina comentó que Dyer hacía obra social en la zona, como la construcción y pintado de escaleras de cemento en el cerro, así como la entrega de regalos para niños en Navidad.

AL DESCUBIERTO
La relación entre Rosendo Ávila y el excónyuge de Omonte quedó evidenciado, además, en algunos documentos del trámite de la concesión minera ‘Luyando 10’.

El chofer de Dyer consignó como su domicilio para recibir notificaciones del Ingemmet Los Faisanes 356, Urbanización La Campiña, en Chorrillos.

Esta dirección corresponde en realidad a la empresa Aceros y Techos S.A, en la cual Luis Dyer figura como presidente del directorio. Pero, a su vez, otras firmas de la familia Dyer tienen registrada ese lugar como domicilio legal (Dyer Rally Team, Dovegal y ABC Constructores).

Cabe anotar que Rosendo Ávila obtuvo otras tres concesiones mineras expedidas a su nombre entre 2012 y 2013.

Se trata de ‘Chonta 10’, de mil hectáreas; ‘Panao 10’, de 300 hectáreas; y ‘Chonta Calera’, de 200 hectáreas. Todas estas zonas ubicadas en la misma región huanuqueña, de donde proceden Omonte y Dyer.

Perú21 intentó comunicarse con el exesposo de la ministra Omonte, pero en la compañía de su propiedad manifestaron que ayer había salido de viaje fuera del país. Y también se trató de ubicar, sin éxito, al gerente general de Cemento Amazónico, William Dyer Osorio, quien gestionó la presunta compra ficticia de la concesión minera a los esposos Ávila-Balbín.

ACUSACIÓN Y RESPUESTA
El congresista Carlos Bruce calificó a Rosendo Ávila como testaferro y reiteró que Carmen Omonte debe dejar su cargo ministerial, al cual accedió hace una semana.

“Si Carmen Omonte le quiere hacer un servicio al Gobierno le evitaría esta clase de problemas. Mejor que renuncie antes que después”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, y ante las acusaciones de usar presuntos testaferros para adquirir derechos mineros, Carmen Omonte alegó que “el señor Rosendo Ávila es empleado de Luis Dyer y tenía toda la potestad de hacerse de las concesiones”.

Añadió que “una muestra de que no es testaferro es que pone en las declaraciones la dirección de la empresa de mi exesposo”. Consideró que las denuncias en su contra son falsas, pues hay opiniones legales que –sostiene– respaldan su versión de que no contravino la ley al tener acciones en una firma minera. Afirmó que no evalúa dimitir a su cargo ministerial. “He asumido esta invitación con mucha responsabilidad porque considero que, como mujer y como madre, tengo las capacidades para hacer el mejor trabajo posible”.

Asimismo, señaló que es el presidente Ollanta Humala quien decidirá si continúa o deja el ministerio de la Mujer.

Horas antes, la también congresista había comunicado su decisión de ceder sus 27 mil acciones de Cemento Amazónico a dos comunidades huanuqueñas.

SABÍA QUE

- “Esperamos que ella evalúe esta situación de manera clara, franca y transparente como es el gobierno”, sostuvo desde Piura el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo.

- Agregó que Omonte ya les entregó la información de descargo. “Lo que le hemos indicado es que aclare ese tema como corresponde”, dijo.

- Trascendió que el Gobierno evaluaba anoche reemplazar a Omonte.

DEBE DECIDIR SI RENUNCIA
Análisis de Vicente Zeballos, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Es lamentable que, una vez más, un congresista esté involucrado en este tipo de denuncias. Como se conoce, existe una prohibición de la Ley General de Minería para que los legisladores no realicen actividad minera durante su gestión.

Hay un trasfondo, en el ejercicio del cargo que tenemos hay un nivel de influencia en el sector público, y por una cuestión de ética y, sobre todo, de responsabilidad política, debemos ser cuidadosos y autoexcluirnos de cualquier actividad en la cual resulte tentador poder participar.

Y en este caso, es una situación condenable desde todo punto de vista.

En principio, creo que este tema puede ser revisado, pues el Congreso no debe ser afectado por un asunto particular de un parlamentario.

Al tratarse de una responsabilidad individual de un legislador, como establece el reglamento, corresponde a la Comisión de Ética evaluar el caso y sancionar –o no– la posible falta o irregularidad.

La propia Carmen Omonte debe reflexionar y decidir si presenta su renuncia al cargo de ministra.