Ana María Solórzano: "Que quede claro que nosotros no compramos los uniformes"

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, pidió dejar en claro que su gestión no fue la que compró los uniformes a la empresa Industrial Gorak S.A. –sobre la que pesaba una suspensión de 12 meses determinada por el OSCE por falsificar documentos– y que tuvo que pagar porque el producto ya había sido entregado y el Parlamento podía haber caído en delito de enriquecimiento indebido.

Solórzano ofreció una conferencia de prensa, acompañado de sus principales funcionarios, para referirse a la denuncia de Perú21 sobre la compra de estos uniformes y la existencia en la práctica de dos cajas chicas.

[Congreso tiene dos cajas chicas y compró uniformes a empresa suspendida]

Sobre el primer punto, reveló que al iniciar sus funciones, su gestión observó que la referida empresa había sido sancionada y que, para protegerse, recurrió al Poder Judicial para obtener una medida cautelar que suspendió la sanción.

Reveló que se hicieron las consultas del caso. Agregó que, en todo caso, correspondía al comité evaluador de la compra en la anterior gestión –de Fredy Otárola– haber tomado en cuenta esa advertencia que aparece, hasta ahora, en el Registro de Proveedores de OSCE.

Solórzano reafirmó las expresiones de sus funcionarios, quienes sostienen que solo hay una caja chica de hasta S/.80 mil, a pesar de que la Resolución 003-2015 de la Dirección General de Administración (DGA) –firmada del pasado 14 de enero– autoriza dos fondos, uno de S/. 60 mil para Finanzas, y otro de S/. 20 mil para Logística, cada uno con su respectivo responsable.

SALE EN DEFENSA
El ministro Fredy Otárola, ex titular del Parlamento, emitió un comunicado para defender que Gorak S.A. estaba habilitada porque la medida cautelar, dictada por el 10° Juzgado Constitucional de Lima, “dejó sin efectos legales la sanción”.

Sobre este tema, la ex vocal del Tribunal de OSCE, Dammar Salazar Díaz, explicó que la medida cautelar solo deja en suspenso la sanción mientras dura el proceso judicial (contencioso administrativo) que, con toda seguridad, la empresa debe haber iniciado contra la medida impuesta.

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