Fiscalía inspeccionará la Diroes tras denuncias de Alberto Fujimori

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, indicó hoy que el fiscal de Chosica inspeccionará de oficio las condiciones carcelarias del penal de Barbadillo en la Diroes, luego de que el expresidente Alberto Fujimori denunciará que es víctima de una serie de maltratos y “violencia psicológica” por parte del INPE.

Según explicó Peláez, los fiscales están “en la obligación” de poder visitar centros penitenciarios y revisar bajo qué circunstancias viven los sentenciados o reos con procesos abiertos.

“No hay ningún inconveniente en que ningún fiscal vaya y verifique cómo son las condiciones de la permanencia de Fujimori en Barbadillo”, dijo en Canal N.

En los últimos días, el exgobernante usó las redes sociales para quejarse sobre una serie de supuestos maltratos dentro de las instalaciones del penal, que incluyen la presencia de “excesivo personal” vigilando sus movimientos y la prohibición de recibir visitas de sus hijas Keiko y Sachie Fujimori.

Tras estas declaraciones, el abogado de Fujimori William Paco Castillo aseguró que están llanos a recibir la presencia del fiscal en Barbadillo.

“Enhorabuena que venga un fiscal y compruebe ‘in situ’ (la situación de Fujimori”, dijo tras señalar que respetarán lo que el representante del Ministerio Público señale tras la inspección.

DENUNCIA AISLAMIENTO
Por su parte Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, reiteró hoy a través de Twitter sus acusaciones contra el INPE y denunció que cuatro días a la semana está “bajo aislamiento”, sin visitas ni comunicación al exterior.

“Esta sanción para una falta grave se aplica previo proceso, pero está prohibida para internos mayores de 60 años”, tuiteó.

DENUNCIA NO PROSPERARÁ
Frente a las denuncias hechas por Fujimori, el exministro de Justicia Diego García Sayán indicó que estas no ameritan una decisión judicial nacional o internacional ya que se trata de un tema político.

“No digo que el señor está en el mejor de los mundos, cualquier persona que está privada en su libertad está, pues, afectada en un derecho importante, pero está sujeto a las reglas que determina el Estado, a las condiciones administrativas que impone la autoridad penitenciaria (…) Creo que esto es parte de un tema más bien político, antes que un asunto específico que podría ameritar una decisión judicial nacional o internacional”, dijo a Ideeleradio.