"El TC podría afectar la seguridad jurídica"

Autor: Ricardo Monzón Kcomt.
rmonzon@peru21.com

Existe la presunción de que el Tribunal Constitucional (TC), el máximo órgano de justicia en el Perú, estaría por revisar fallos inmodificables, algo que no tiene precedentes. Víctor García Toma, ex presidente de este organismo, opina al respecto.

¿Qué fallos estarían por volverse a revisar en el TC?
Serían dos casos de la Sunat relacionados a temas tributarios y otro sobre el ministro de Justicia del gobierno anterior (Aurelio Pastor) por un hábeas corpus.

La Sociedad de Radio y TV ha expresado su preocupación…
Existe la información de que el TC habría tomado la decisión de revisar y anular estas tres sentencias que definió el tribunal anterior. Eso genera preocupación, afectaría un principio básico del derecho: la seguridad jurídica.

¿Qué es la seguridad jurídica?
Significa tener la certeza de lo que podemos y no podemos hacer. Aparece el concepto de la ‘cosa juzgada’, que señala que, cuando el TC ha tomado una decisión, no cabe la posibilidad de un examen interior. Esa decisión, sea buena, mala, correcta o incorrecta, es invariable.

¿Qué pasa si se reexamina?
Abrir la posibilidad de que se pueda reexaminar una causa por un tribunal del mismo rango, de la misma jerarquía, sin la exigencia de un recurso que lo habilite, contraviene la cosa juzgada y pone en riesgo la seguridad jurídica.

¿A quién debe preocuparle?
No solo es una preocupación de la sociedad, es una preocupación que involucra a los académicos y a aquellos que tienen como marco de referencia lo que dice la ley. Si lo desaparecemos, volvemos a la discrecionalidad, entonces, estaríamos sometidos a la voluntad de las personas. Se rompería una regla básica del Estado de derecho.

¿Se afectan las garantías constitucionales?
En el Estado constitucional de derecho, una regla básica es que las personas estamos sometidas a la Constitución y a las leyes, y las leyes en el Perú han establecido el concepto de cosa juzgada. Es una decisión jurisdiccional que, bajo determinados presupuestos procesales que se habrían cumplido en el caso de estas tres sentencias que, se sostiene, estarían siendo objeto de revisión, ya tendrían el carácter de inmodificables.

Si se modifican, ¿el TC estaría violando la Constitución?
Sin entrar en terrenos tan fuertes, no tendría este tribunal habilitada competencia para reexaminar lo que el mismo tribunal, con otra composición, hizo en su oportunidad. Esta situación sería grave.

¿Pasó alguna vez?
Nunca. Puede declararse nula una sentencia si, por ejemplo, se detecta que hubo un defecto de formas o no se citó a una de las partes por error, pero si se han cumplido con los presupuestos procesales que, al parecer, se han cumplido en estas tres sentencias, sí estaríamos ante una situación inédita.

¿El TC debe pronunciarse?
Lo que yo sugiero es que, ante estas informaciones, sea el propio tribunal quien diga que existe o no esto para estar en un terreno más concreto.

¿Por qué no lo ha hecho?
Podría pasar que, en realidad, no le haya tomado importancia a estas informaciones porque no son ciertas. Yo creo que lo más sano es que el TC diga si esta versión está equivocada o, en todo caso, que nos diga en qué situación nos encontramos para acabar con la incertidumbre.

¿Cómo afectaría en la sociedad, en los ciudadanos?
En el plano social el problema es que los ciudadanos ya no podrían estar seguros de que un juicio ha terminado, porque existiría una suerte de revisión ad hoc de una sentencia. Entonces, sentirían que no se ha hecho justicia y seguirían en la incertidumbre. Nadie podría programar su proyecto de vida; no podrían celebrar un contrato, llevar a cabo un negocio, fomentar una inversión o dar por cancelado un problema jurídico porque ya ha sido resuelto por el órgano jurisdiccional.

¿Otro problema?
Por otro lado, el grado de discrecionalidad superaría al principio de competencia. Los jueces se asisten del principio de competencia, solo pueden hacer y decir aquello que les ha permitido la Constitución, pero, en estos casos, aparentemente no habría ningún amparo en la Constitución ni en las leyes ni en las normas procesales.

Los magistrados Mesía y Eto Cruz habrían recibido dinero para resolver a favor del ex alcalde de Chiclayo, ahora preso.
Ese caso existe en la investigación que está a cargo del Ministerio Público. Habría que esperar las investigaciones para ver si es verdad que lo favorecieron, pero habría que permitirles a las personas mencionadas que hagan sus descargos para defender su honor y buena reputación.

¿Cree que algunos miembros del TC han participado en actos de corrupción?
No me atrevería a decir eso. Tengo una buena impresión de cada uno de ellos y mi pensamiento está muy lejos de creer que ellos pudieron estar inmersos en esta situación.

¿Se deben hacer cambios en el Tribunal Constitucional?
No, me parece que el Parlamento hizo bien en escoger a los miembros de este colegiado, son juristas muy calificados y estamos muy esperanzados en que tengan una muy buena gestión.

AUTOFICHA

- “Fui magistrado del Tribunal Constitucional del 2002 al 2007. Tuve la presidencia en el 2006. Soy catedrático de la U. de Lima, la U. San Martín de Porres y la U. San Ignacio de Loyola. Además, ejerzo mi profesión como abogado litigante en el estudio Benites, Forno & Ugaz”.

- “En el supuesto de que el TC revise sentencias firmes se rompería, tomando en cuenta conceptos de categorías jurídicas que han sido admitidas tradicionalmente en el mundo del derecho, con la cosa juzgada y la seguridad jurídica”.

- “Eso significaría poner en tela de juicio principios que han sido tutelares en el derecho desde siempre. No quiero pensar mal, espero que estos magistrados del TC sigan afirmando la legitimidad del tribunal y que se logre consolidar el Estado de derecho en el Perú”.