“El señor Cornejo tiene mucho que aclarar”

Cecilia Blondet,Directora de Proética
AUTOR: GONZALO PAJARES
gpajares@peru21.com

Cecilia Blondet, exministra durante el gobierno de Valentín Paniagua, es hoy Directora Ejecutiva de Proética. A partir de lo sucedido con los ‘Cornejoleaks’ (el ‘hackeo’ del correo del exministro René Cornejo), la buscamos para hablar de ética, la función pública y los límites entre lo público y lo privado.

¿Cuál es el límite entre lo privado y lo público?
Las fronteras se han ido moviendo en el tiempo. Décadas atrás los temas vinculados con la violencia familiar, por ejemplo, eran de interés privado, el Estado no intervenía. Hoy hay una legislación –que cada vez se cumple más– y una sociedad que reacciona y exige sanción. Pero, aún cultivamos la cultura del secreto.

En un funcionario público, ¿todo es público?
Sí. Sus actividades como funcionario son públicas y tiene la obligación de rendir cuentas, bueno… debería. Ahora, tiene también una vida privada que, si no interfiere con lo público, debe estar en la esfera de lo privado.

Independientemente de su contenido, ¿el ‘hackeo’ de una cuenta de correo electrónico es condenable?
La cuenta de correo nunca puede ser ‘hackeada’ porque es ir contra la Constitución (derecho al secreto de las comunicaciones). Pero, si la cuenta es oficial y de una persona pública ni siquiera se debería llamar ‘hackeo’, porque lo que esa persona hace en su cuenta pública es de interés público, salvo que sea una cuenta clasificada por razones de interés nacional, lo que debe estar tipificado. No debe haber nada que ocultar. Es más, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información puede ser el canal para acceder a las comunicaciones de los funcionarios públicos y estas deben ser entregadas.

¿Y si la cuenta es privada?
La pregunta es, ¿qué pasa si uno encuentra allí asuntos de interés público? ¿Dónde se pone la condena? ¿Al funcionario público que habla en privado sobre asuntos públicos o al ‘hacker’ que intuye situaciones confusas y las refrenda con lo que encuentra? Los tiempos han cambiado. Existen los llamados “hackers cívicos” que dominan las nuevas tecnologías de información para reducir la discrecionalidad y fomentar la transparencia en la política. Eso es lo que tienen que entender los políticos y las autoridades, tienen que aceptar la transparencia y la rendición de cuentas como parte de su accionar como autoridad pública.

¿Se debe mostrar estos mails alegando su interés público?
Sí. Si se encontraron sugerencias, conversaciones y decisiones sobre asuntos públicos en correos privados tienen que mostrarse. Sin embargo, no se debería llegar a eso, los funcionarios deberían saber que no pueden usar el canal privado para cuestiones públicas, ¡pero lo hacen! El tema de fondo es el uso o abuso del poder y cómo se afecta con este comportamiento el principio de igualdad del ciudadano ante la autoridad y la ley; cómo se toman las decisiones, a quién se le escucha, quiénes llegan a la mesa del funcionario que decide. Hasta hace muy poco, las decisiones se tomaban entre amigotes, vivíamos el “Estado oligárquico y arcaico”. La democracia, el imperio de la ley y la construcción de una ciudadanía con deberes y derechos es parte del proceso de modernización del país. Pero va lento…

¿Y los ‘Cornejoleaks?
El señor Cornejo tiene que aclarar algunos asuntos. Para comenzar, la relación entre sus empresas y el Estado. Sobre los ‘Cornejoleaks’, ha cometido el error de mezclar asuntos públicos en un correo aparentemente privado.

¿El correo de Cecilia Blume solicitando una ampliación del plazo para pescar es falta ética, es delito o algo normal?
La falta no es de Blume, es del ministro (Castilla), que permite que Blume –y seguramente muchos más– lleguen por una vía privada a su despacho. Como dije, se pierde el principio de igualdad.

¿Cómo debió actuar Castilla? ¿Debió denunciar a Blume?
¿Por qué a Blume? Debió llamarle la atención a René Cornejo y avisarle al presidente Humala del uso de canales privados para escuchar consejos y tomar decisiones públicas. El presidente debió estar enterado para, a su vez, tomar sus propias decisiones. Finalmente, él es el responsable político de la relación del Estado con sus ciudadanos.

¿En el aparato estatal, son comunes gestiones como las de la señora Blume?
Desafortunadamente, sí. No hay partidos políticos ni gremios que articulen intereses y hagan el trabajo político de rigor. Acá todavía las relaciones son, en mucho, de carácter personal. Esto se agrava porque el Estado es sumamente ineficiente. Entonces, cuando entra un ministro que viene de la empresa privada sus colegas y amigos encuentran en ellos el canal ideal para gestionar sus asuntos. Pero no solo es el caso de los empresarios y sus amigos: los congresistas son un grupo aterrador, no paran de pedir favores y, si por ellos fuera, llenarían los ministerios y las dependencias estatales con sus familiares, parientes y amigos. Y son tan descarados que si uno no les atiende amenazan y chantajean con su voto. Falta mucho para tener un Estado verdaderamente moderno.

¿Es correcto que una empresa interesada en operar con el Estado sea la encargada de elaborar un informe sobre una materia donde es parte o tiene intereses?
Diría que es una vergüenza. No conozco el caso a profundidad, pero la indignación del ministro Pulgar Vidal parecía razonable.

Muchos funcionarios estatales de alto rango –como ministros o viceministros– después de dejar sus cargos van a empresas privadas que tienen intereses directos con el sector que acaban de dejar. ¿Es esto ético?
No pues, no es nada ético, pero sucede. Son captados por las empresas justamente para que transmitan su valiosa información. Esto no debería estar permitido, pero, ¿quién respeta la ley? En la última encuesta de Proética veíamos que el 91% de los peruanos piensa que en el Perú no se respeta la ley. Con esta percepción estamos mal como ciudadanos democráticos, ¿no?

También pasa, y lo vemos en la actual composición del Gabinete, la mayoría proviene del sector privado. ¿Cómo hacer para que los ministros sirvan al país y no a su antiguo (o antiguos) empleador (es)?
Sí, pues, eso pasa pero queda a criterio del exministro. Ahora, la experiencia de ser ministro es muy interesante y marca a la persona. Le da una información, un sentido y un compromiso con el país que no se borra de un plumazo. Se tiene que ser muy caradura para ir y vender los conocimientos a una empresa. Algo así como un soplón. Y claro, los hay pero son de última.

¿Nos faltan funcionarios estatales de carrera capaces de especializarse y ser ajenos a los vaivenes de la política?
Sí, nos faltan muchos. Servir está haciendo su trabajo y su programa de Gerentes Públicos ha traído gente muy buena al Estado, pero las necesidades son enormes y no sé si Servir tenga la capacidad para atender esa demanda. De hecho, la ley de carrera pública es un acierto pero me da la impresión que veremos cambios recién en un mediano plazo. Los cuadros técnicos no se sacan de la manga, se van preparando, deben tener capacitaciones y evaluaciones permanentes, estímulos y oportunidades para que a la primera no se vayan a otros lugares. Ahora, en el Estado abundan los “nombrados”. Este es un grupo numeroso de ociosos –no todos, por supuesto– a los que no se les puede sacar, que están para cobrar su sueldo sin hacer nada, pero son expertos en boicotear y en pedir coimas para operar. Muchas veces cuando se habla del Estado corrupto, se alude a estos malos funcionarios que lucran con su pequeño poder. Qué hacer con ellos es la gran pregunta.

AUTOFICHA

- En la última encuesta de Proética vimos que el 91% de peruanos piensa que aquí no se respeta la ley. Con esta percepción estamos mal como ciudadanos democráticos.

- Soy historiadora, trabajé en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y fui ministra del Promudeh durante el gobierno de Valentín Paniagua.

- La ley de carrera pública es un acierto pero me da la impresión que veremos cambios recién en un mediano plazo. Los cuadros técnicos no se sacan de la manga.