Las presas por terrorismo que regresaron el sábado al penal de máxima seguridad de Chorrillos influyeron en las internas por delitos comunes, pero de alta peligrosidad, para que se amotinen y exijan que no les endurezcan el régimen penitenciario al máximo pero, sobre todo, para que no las separen y las distribuyan en diferentes pabellones.
Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informaron que este reclamo se originó cuando Elena Iparraguirre, esposa del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, y 28 sentenciadas por terrorismo, fueron trasladadas del penal Virgen de Fátima al penal de Chorrillos, en contra de su voluntad.
OTRO TRASLADO
Como informó Perú21, el 14 de setiembre las 29 subversivas fueron llevadas al nuevo centro penitenciario, equipado con celdas de ocho camas cada una, pero fueron sometidas a un nuevo y estricto régimen penitenciario del que no gozaban en Santa Mónica, gracias a la flexibilidad que le otorgaron en los últimos años.
Es decir, las senderistas tenían solo cuatro horas de patio y no todo el día, como en el penal de Santa Mónica, donde gozaban de un régimen ordinario como cualquier interna por delito común y no por terrorismo. Incluso, sus visitas se restringían a familiares directos y a su abogado.
Los agentes del INPE colocaban el primer cerrojo de las celdas a las 6 de la tarde, y tres horas después, el candado final.
Según nuestras fuentes, el endurecimiento de su régimen no les cayó nada bien y comenzaron a protestar.
“Junto con Iparraguirre, gritaban que por estar más de 20 años presas, tenían derecho a algunos privilegios”, contó nuestro informante.
Y así como se resistieron a salir del penal de Santa Mónica, hace 22 días, también protestaron porque las sacaban de su reclusión en Virgen de Fátima, donde ya se habían acomodado y hasta acostumbrado. Y sobre todo, porque estaban juntas.
Algunas fueron llevadas por la fuerza, pues se enfrentaron violentamente al contingente de agentes penitenciarios para impedir su nuevo traslado. Otras no cesaron en pronunciar sus arengas senderistas confirmando, una vez más, que no han cambiado.
NADA CON LAS ORDINARIAS
Según nuestras mismas fuentes, a las sentenciadas por terrorismo tampoco les cayó bien que al volver a Santa Mónica las sometan a un régimen más estricto y que, encima, las obliguen a compartir sus celdas con las reclusas por delitos comunes (asesinas, secuestradoras y traficantes de drogas) porque las consideran inferiores en ideología y pensamiento.
Lo peor para ellas es que ahora están separadas. Todas fueron distribuidas en los pabellones A, B y C.
Una parte, por ejemplo, pertenece a un grupo de 40 internas que están en el pabellón A, pero bajo el régimen ordinario de máxima peligrosidad. Otro grupo está en el pabellón B porque han ganado algunos beneficios.
Solo Elena Iparraguirre se encuentra aislada en una celda del tercer piso del pabellón C, por ser cabecilla del grupo y mientras continúan las investigaciones por haber concedido una entrevista al semanario inglés The Economist.
Curiosamente, el motín de ayer lo protagonizaron tres internas del pabellón que alberga a la ‘camarada Miriam’, las que también están en el régimen cerrado especial: Elizabeth Rosales y Liliana Pereyra, ambas sentenciadas por narcotráfico, y Beatriz Fernández, presa por robo agravado seguido de muerte y otros delitos. Ellas fingieron una dolencia, burlaron la seguridad y subieron a un tanque de agua para reclamar por el endurecimiento de su carcelería.
En dos cartas enviadas a este diario, las internas negaron que en el traslado anterior hubiesen protagonizado actos de protesta y violencia como refirieron los agentes.
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