26.FEB Lunes, 2024
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Última actualización 08:39 pm
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Opinión

El lunes pasado, la Comisión Presidencial de Integridad, presidida por el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega, y conformada por ciudadanos de reconocida trayectoria, entregó al gobierno su propuesta para enfrentar a la corrupción, ese monstruo que habita cómodamente entre nosotros. Como se recordará, esta comisión se formó como respuesta al destape del “negociazo” del doctor Carlos Moreno, aquel asesor principal del presidente Kuczynski.

No hay encuesta de opinión pública en que la corrupción no aparezca entre las prioridades de los peruanos. No es casual, todos estamos hartos. Según esta comisión, alrededor de 13 mil millones de soles se pierden en los entramados de la delincuencia burocrática, lo que significa casi el 10% del presupuesto nacional. Otra forma de dimensionar esta dramática merma pasa por calcular lo que se deja de invertir en los deficitarios servicios públicos y en el desarrollo de la infraestructura que el país requiere. Es indignante.

Pero esta supuesta importancia que todos le damos al problema se pierde cuando se trata de ejecutar medidas concretas. No se explica sino cómo es que las propuestas de la comisión hayan pasado soberanamente desapercibidas esta semana. Por otro lado, los pocos medios de prensa que han tratado esta noticia no han comprendido su carácter integral. Cada cual ha destacado algunos componentes, no toda la propuesta ni su sentido primario. La comisión ha elaborado tanto medidas inmediatas, que recaen principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo, como reformas institucionales que van a requerir de la participación de los otros poderes del Estado. Y ya sabemos que sin presión ciudadana nos corremos el riesgo de que este documento sea una colección de buenas ideas destinadas al archivo nacional del olvido.

Son 100 medidas organizadas en 20 secciones. Las principales: instaurar la máxima transparencia en la gestión estatal y el sistema de contrataciones, evitar el tráfico de influencias, limitar la impunidad parlamentaria, combatir el lavado de activos y bloquear el dinero ilícito que va hacia los partidos políticos. También se proponen reformas en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y la Contraloría General. Finalmente, se señalan acciones para los gobernados: promover la denuncia, proteger al denunciante y estimular en el sector empresarial el uso de certificaciones anticorrupción para tener, por fin, desde el otro lado de la ventanilla, una relación probadamente ética con autoridades y funcionarios de todo nivel.

Invito a los lectores a leer el informe en www.proetica.org.pe, a los activistas de causas urgentes a difundirla a través de sus redes sociales y a los periodistas –especialmente a los Perú21– a tratar esta propuesta con la profundidad que requerimos en estos tiempos de descreimiento colectivo. No deberíamos esperar ni un día más.


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