Rosana Cueva: Cómplices judiciales

La legítima indignación de un ministro sobre una resolución judicial que deja en libertad a 29 miembros de una peligrosa banda pone nuevamente el dedo sobre la llaga. Esta vez fue el juez Ismael Orozco, el magistrado que pese a admitir en su dictamen todos los hechos inculpatorios, incluso el peligro de fuga existente, concluye que una detención preliminar de 18 meses no es proporcional. Y, a sola firma, el juez Orozco se trajo abajo una operación de 8 meses de labor, en la que participaron 500 policías y 30 fiscales. Deja en libertad a 29 delincuentes que por años habrían estado involucrados en delitos de alta lesividad y violencia en el norte chico.

Lo grave es que resoluciones como la de este juez Orozco no son un simple lunar en la lucha contra la delincuencia, sino una especie de metástasis en el sistema de justicia. Lo advirtió en su momento el anterior ministro José Luis Pérez Guadalupe, lo padece ahora Carlos Basombrío.

La alta rentabilidad de los actos delictivos no solo ha significado una mejora en 4x4 o mejores armas de fuego. No existe organización delictiva que se respete que no cuente hoy con todo un equipo de abogados y operadores judiciales que encuentran en jueces blandos la vía más efectiva para que el negocio no pare.

Orozco ha puesto en libertad a 29, el juez Mendivil Huamani a 16 de 28 detenidos de la banda Los Norteños-Guarayos. Al mismo tiempo, otro número de jueces, pervirtiendo por completo el espíritu de una figura legal, han acogido 173 pedidos de arresto domiciliario a procesados por graves delitos. Más de un centenar entre los que aparecen conocidos miembros de violentas bandas de vuelta en las calles. La lista podría ser interminable. ¿Quién asume la responsabilidad política de estos fallos?