Los editores de la revista Poder han decidido utilizar el nombre del magnífico filme argentino, nominado al Oscar a Mejor Película Extranjera, para titular la crónica de Christopher Acosta sobre la tala ilegal que nos ofrecen en su último número.
Pero, en este caso, el guion correspondería, más bien, a una película de terror que a una tragicomedia.
Una superposición de autoridades nacionales y regionales (Osinfor, Serfor, alto comisionado para la lucha contra la tala ilegal, fiscalías ambientales, direcciones forestales, Intendencia de Aduanas) dificulta la fiscalización y garantiza la impunidad de los taladores ilegales.
Un botón de muestra de los muchos que ofrece la crónica reseñada. Para que el titular de una concesión inicie la extracción de madera debe presentar un plan operativo anual (POA): “El Osinfor reveló a Poder haber detectado que el 40% de los POA aprobados por la autoridad forestal –regional o nacional– contiene información falsa. Para que un POA sea aprobado, debe llevar la firma de un consultor forestal, quien avala lo que el plan certifica. Estos consultores deben ser acreditados y estar registrados en un banco de datos administrado por Serfor”.
En el banco están registrados 309 consultores, “de los que Osinfor ha identificado 153 que han certificado POA con información falsa”. Sin embargo, esos profesionales siguen apareciendo como hábiles en el registro y la directora de Serfor, Fabiola Muñoz, sostiene que “no los puede inhabilitar, que eso lo tiene que hacer el Colegio de Ingenieros”.
Como sucede en el caso de la minería, también el tráfico ilegal de madera se encuentra vinculado con empresas formales y se calcula que el 50% de la madera exportada tiene origen ilícito. Sin embargo, para el alto comisionado, general César Fourment, “las instituciones del Estado vienen haciendo un buen trabajo, y deberían seguir haciéndolo”.
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