25.NOV Lunes, 2024
Lima
Última actualización 08:39 pm
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Opinión

Una asociación de mineros informales –en una comunidad cajamarquina, alejada de su capital provincial– se reúne en una de sus frecuentes asambleas. Están en pleno proceso de formalización por exigencia estatal.

Carlos Meléndez,Persiana americana
La reunión –representativa del centro poblado, ya que el 80% de familias vive de esta actividad informal– es interrumpida por una delegación de la universidad-empresa-partido de César Acuña. Un administrador conocido de la zona, un abogado y un ingeniero ofertan un paquete de proyectos, asistencia técnica y legal a cambio de un tácito apoyo a las ambiciones electorales del rector que no lee libros.

Trasciende que algunos de los dirigentes comunales intentarán acceder a puestos ediles por Alianza por el Progreso. El indicador es que sus hijos están becados en la Universidad César Vallejo. Así se articula una red de intereses particulares alrededor de un proyecto político personalista y clientelar, que se asienta sigilosamente donde no llegan los demócratas nacionales.

Lo curioso es que esta comunidad dista mucho de ser un pueblo abandonado. La comisaría del lugar –ubicada al lado del local de la asociación de mineros informales– ha solicitado a estos “colaboración para comprar un grupo electrógeno”. Como parte de su estrategia de proyección comunitaria, los mineros planean reinvertir un mayor porcentaje de sus ganancias en el mismo poblado. Su lema “minería del pueblo para el pueblo” persigue ganarse a los vecinos del valle que no se benefician directamente de la actividad minera y deslegitimar a su competencia (inversiones formales extranjeras de limitada envergadura).

Así funciona la política en esa zona gris, donde fracasa el Estado e imperan poderes paralegales –mientras usted se burla de los tuits de Acuña–.


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