"A La Oroya le interesa la inversión minera"

La Carretera Central fue reabierta la noche del miércoles, luego de dos días de permanecer bloqueada por trabajadores y residentes de La Oroya. Sin embargo, los costos de esta acción los paga toda la selva central y el valle del Mantaro, refiere el alcalde de la comuna provincial de Yauli-La Oroya (Junín), Carlos Arredondo, quien afirma que si no se reactiva el complejo metalúrgico de la zona, la ciudad de La Oroya está condenada a desaparecer.

¿Por qué los residentes de La Oroya necesitan tanto que su complejo metalúrgico vuelva a operar, luego de toda la contaminación que les ha traído?
Porque es nuestra principal fuente de vida, aunque parezca una ironía. El complejo está paralizado hace casi siete años y eso ha traído graves consecuencias económicas y sociales a La Oroya. Por ello, hace seis meses, como gobierno local, decidimos involucrarnos en este problema.

¿Cuáles son esas consecuencias que perjudican tanto a La Oroya?
Una de ellas es la migración. El 35% de la ciudadanía se ha ido a vivir a otras regiones. Esto ha generado, como consecuencia, que ahora La Oroya solo tenga siete regidores y no 14, como antes. La ONPE determinó esto por la reducción de los electores. Asimismo, se han cerrado dos instituciones educativas escolares estatales por falta de alumnos. Antes, en cada aula había hasta 30 estudiantes, ahora son 15 y hasta 8.

Parece que la ciudad de La Oroya se va a pique.
No le falta razón para pensar eso. La pobreza se ha incrementado notablemente, los negocios han quebrado. Incluso algunos bancos han cerrado.

Pero, ¿todo es por la falta de operatividad del complejo metalúrgico? ¿Qué hay de la agricultura y el comercio?
Mire, cómo será de importante la minería para La Oroya que, cuando el complejo metalúrgico operaba y contribuía con sus impuestos, la municipalidad recibía al año 30 millones de soles por regalías mineras y canon para ejecutar obras. Ahora solo recibimos 870 mil soles.

¿En qué situación se encuentra ahora el complejo metalúrgico y qué pasará si deja de operar definitivamente?
A los residentes de La Oroya y a los trabajadores mineros se les informó que si hasta el 27 de agosto el complejo metalúrgico no tenía un nuevo propietario, el 28 pasaba a liquidación simple y sus 2,500 empleados perderían sus puestos. Por ende, adiós complejo minero, el cual seguramente se vendería como chatarra. Así, La Oroya desaparecería como ciudad y hablaríamos de una urbe fantasma. Esa es la desesperación de los habitantes, por ello bloquearon la Carretera Central.

Sobre ese tema, ¿qué perjuicio ha traído para la región Junín el bloqueo de esta vía que conecta a Lima con el centro del país?
El cierre por dos días de la Carretera Central ha afectado principalmente el comercio de la región e indirectamente a terceros, como pasajeros, transportistas, entre otros, en el valle del Mantaro y en la selva central. Yo calculo que las pérdidas llegan a 20 millones de soles. Lamentablemente no solo en La Oroya se utiliza la toma de vías para que el gobierno central haga caso a las demandas de los más necesitados.

Como autoridad, ¿usted avala la toma de vías?
Los que han organizado el cierre de la Carretera Central han sido la sociedad civil y un grupo de trabajadores mineros. Yo los he apoyado, pero más buscando que gestionar con el Ejecutivo una salida para el complejo metalúrgico. Por eso es que se ha logrado instalar ayer (miércoles) en Lima un comité técnico, presidido por la titular de la cartera de Energía y Minas, que brinde todas las facilidades para que el complejo metalúrgico se pueda vender bajo estándares ambientales menos estrictos y vuelva a operar lo más pronto posible, respetando el derecho de sus trabajadores.

¿Por qué esperar la toma de vías?, ¿por qué no se buscó el diálogo antes con el Ejecutivo?
Eso no es así. Yo he ido a la Comisión de Energía y Minas del Congreso prácticamente a rogarle a la ministra del sector, Rosa María Ortiz, que entienda que mientras en Islay (Arequipa) sus residentes no quieren el proyecto minero Tía María, a La Oroya sí le interesa la inversión minera, pero el Ejecutivo nos seguía dando la espalda hasta ahora, que nos hemos puesto de acuerdo.

Para usted ¿quién es el responsable de la muerte del ingeniero Edward Ademir Soto de la Cruz (41) durante las protestas en la ciudad de La Oroya?
Para mí solo hay uno, el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Él es el responsable de esa muerte y de los cuatro heridos graves. Por ello, creo que debe ser interpelado en el Congreso de la República. Esa muerte no puede quedar impune, se debe identificar al policía que lo asesinó y sancionarlo con todo el peso de la ley.

¿Ustedes van a tomar alguna acción?
Nosotros como gobierno local vamos a impulsar una investigación rigurosa por parte de la fiscal Betzabé Rodríguez Caro, titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yauli–La Oroya, quien cuenta con el apoyo de las fiscales provinciales Cecilia Noemí Salguero Laura y Teresa Maraví Jerí.

AUTOFICHA

■ El burgomaestre Carlos Arredondo Mayta pertenece al partido Juntos por Junín y asumió el sillón de la comuna en enero de este año. Como primera medida declaró en emergencia la administración financiera de la Municipalidad de Yauli-La Oroya.

■ Su objetivo es cambiar la imagen de La Oroya, considerada una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo, remediando los suelos para volverlos fértiles y sembrando cientos de árboles en los cerros pelados por la minería.

■ En su discurso, luego de jurar como alcalde de Yauli-La Oroya, Carlos Arredondo se comprometió con los trabajadores de la empresa Doe Run a hacer respetar sus derechos laborales y exigir la venta del complejo metalúrgico y la reanudación de operaciones.

Por Martín Sánchez (msanchez@peru21.com)