Ni reparto ni consenso

Mauricio Mulder, Pido la palabra
Congresista

Es verdad que se necesitan construir consensos para obtener 87 votos y poder elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y al defensor del Pueblo. Es verdad que la deficiente Constitución que nos gobierna terminó creando un ‘Frankenstein’ cuando establece esta valla tan alta dentro de un sistema unicameral en donde hay solo Cámara de Diputados, que es lo que en realidad constituye el Congreso peruano. Y es verdad también que ese consenso se logra solo cuando los partidos negocian las votaciones en base a su presencia numérica, que es la que determina, en última instancia, todas las decisiones del Congreso ya que es una instancia política y no técnica ni académica.

Pero no es menos verdad que, dadas esas notorias situaciones de desequilibrio, el Congreso estaba obligado a autoimponerse, cuando menos, parámetros de escogencia que concluyeran en personas que, si bien es cierto suscitaran la confianza política de los congresistas, reunieran al mismo tiempo el perfil adecuado para el cargo de un magistrado constitucional.

Si anteriores congresos igualmente fraccionados pudieron, con contadas excepciones, escoger personas con afinidad política, pero con prosapia y abolengo jurídico-constitucional, fue porque se pusieron de acuerdo en establecer reglas de juego. Ellas suponían, en primer lugar, la posibilidad de que cualquier persona pudiera postular si reúne requisitos, los mismos que, por lo general, eran los que se requieren para un vocal supremo. Luego, un proceso de entrevistas y de exámenes orales similares a los que se efectúan en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y, después, el inevitable tamiz político.

Hoy solo se ha escogido la relevancia política y el título de abogado. Y, además, un grupo político tendrá tres miembros directos, cosa nunca antes vista tampoco, con lo cual se garantiza el control de esta institución por parte del humalismo para los próximos años, incluido el siguiente periodo presidencial. El reparto, por coincidencia, ha incluido la Defensoría del Pueblo, repartida como botín por Ollanta y Toledo desde el momento en que este decidió apoyar a aquel para la segunda vuelta.

“La DP es de Perú Posible, y eso no está en cuestión” han dicho una y cien veces los voceros del nacionalismo, necesitados permanentes de los Incondicionales votos del toledismo, el que, a su vez, vivirá como niño en la espalda de su madre dependiendo del vergonzoso blindaje que el humalismo desde ya le está brindando.

No es, pues, un consenso. Tampoco un reparto. Es una repartija, como dice el DRAE, una repartija hecha en rebatiña. Se debilita la prestancia de la institucionalidad por intereses que rayan en la complicidad y la impunidad. Se me hace que la famosa escena de El Padrino, en la que unos ‘empresarios’ cortaban una torta con el mapa de Cuba, con la caída de Batista como telón de fondo, es perfectamente aplicable al caso actual.