La superioridad de una democracia se basa en el respeto a la ley. Un Estado está obligado a defender a sus ciudadanos y a evitar que las ideologías criminales se introduzcan por las ventanas de la debilidad institucional. No es ocioso encender las alarmas cuando decenas de individuos en un distrito de Lima, como Comas, han pretendido glorificar a seguidores de Sendero Luminoso. No podemos ser tontos en una sociedad en la que el terrorismo acabó con 30 mil vidas.
¿Acaso el problema es el mausoleo de los seguidores de Sendero? No. ¿Acaso todo individuo, por más criminal o perverso pensamiento haya seguido, no tiene derecho a una sepultura mínimamente digna? Claro que sí. Pero las sociedades tienen la obligación de protegerse ante el intento de volver a ser dañadas o atacadas por individuos que creen en una metodología violenta. Lo real es que, desde que Abimael Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, órganos de fachada de ese pensamiento genocida intentan sistemáticamente una ‘amnistía’ del fundador de Sendero Luminoso. En el 2009 fue a través del Movadef y últimamente lo siguen intentando mediante el llamado FUDEPP, cuya inscripción acaba de ser rechazada por el JNE.
Hasta los restos de los criminales del nazismo fueron entregados a sus familiares, pero el tribunal de Núremberg decidió, en su momento, que se entierren en tumbas desconocidas para evitar marchas y procesiones.
La polémica del mausoleo no debe quedarse en si se destruye la edificación del cementerio de Comas. El desafío es cómo nuestras autoridades, la Policía, los alcaldes, trabajan de manera coordinada para que no ocurra lo mismo. Que estos sujetos, que envenenan el pensamiento de nuestros jóvenes, no sigan reclutando posibilidades para repetir el terror en el Perú. Esa es la tarea. No seamos ingenuos.
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