Soy fierrero, dijo el contralor general de la República, Edgar Alarcón, intentando responder a los cuestionamientos sobre actividades comerciales de compra y venta de automóviles de lujo durante su gestión en la vicepresidencia de la institución. La acusación que, parece, solo dormía en algún rincón del Congreso fue activada por el congresista Carlos Bruce (aunque en política nada es casual) tras la caída de Martín Vizcarra por la famosa adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.
Sin embargo, las explicaciones del alto funcionario del país, sobre lo que podríamos llamar pasatiempos familiares de quien debe fiscalizar licitaciones y contratos del Estado con privados y públicos, parecen, por decir lo menos, inconsistentes y poco creíbles. Edgar Alarcón dice que la compra y venta de vehículos que hizo cuando fue vicecontralor fue un negocio de sus hijos, que empezó en los 90.
Asegura con ímpetu que los siete vehículos que adquirieron entre 2013 y 2016 fue para reponer la flota de uso personal y familiar. ¿Quién cambia siete carros en casa para uso familiar en tres años? Mucho que explicar en cuanto a fierros y hobbies.
Las denuncias contra Alarcón, además, envuelven presuntos chantajes para evitar profundización en las investigaciones (audio con auditor lo revela) y la cereza de esta torta amarga, una presunta irregular liquidación, en 2010, a Marcela Emilia Franco, ex trabajadora de Contraloría con la que habría tenido un vinculación sentimental.
A la ex funcionaria, con la que tiene 2 hijos, se le entregaron S/227 mil al momento de salir de la institución. ¿Se ajustó a ley? Fuerza Popular en el Congreso debe evaluar mejor a quién defender. El contralor general debe tener toda la autoridad para fiscalizar, pero eso es solo posible si su proceder es incuestionable. Una nube muy cargada está sobre la cabeza de Edgar Alarcón. Debería tenerlo muy en cuenta y tomar la decisión que corresponde.
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