La Interoceánica Sur comenzó con un presupuesto de 800 millones de dólares y terminó en 2,300 millones. Evidentemente los sobornos presuntamente pagados al ex presidente Alejandro Toledo son una ínfima parte de estos elefantes de cemento que ya contamos por montones. En la cadena de pérdida de dinero hay, por decir lo menos, mucha laxitud al no advertir, por ejemplo, inviabilidad, sobrecostos, urgencia y trascendencia en las prioridades de infraestructura.
Existieron, por ejemplo, estudios de representantes de prestigiosas universidades que escribieron muy a favor del proyecto en mención, que a la luz de la realidad no era indispensable ni importante para la integración comercial con Brasil.
Sobre lo dicho, un amigo me asegura (me reservo el nombre) que uno de ellos hace poco fue nombrado presidente del Comité de Conectividad de Proinversión donde se deciden las concesiones de infraestructura. Si así fuera, habría que estar seguros de que las decisiones sean objetivamente las mejores para la economía de los peruanos y para el desarrollo del país. Lo más probable es que solo les haya mejorado la economía a quienes hicieron esas recomendaciones o tomaron esas decisiones en el más alto nivel. Nada más.
Lo que hemos comprobado hasta ahora es que, en muchos casos, a través de esas famosas adendas se han multiplicado los presupuestos iniciales y, por supuesto, de ese cuero inflado e inservible han salido las millonarias coimas que terminaron en las manos de intermediarios y autoridades fácilmente corrompibles.
Queremos que vayan a la cárcel y que paguen por traicionar la confianza que el Perú depositó en ellas, pero también queremos un sistema que nos garantice que la infraestructura que verdaderamente necesitamos pase por los filtros competentes. El gobierno de PPK hasta ahora no nos demuestra que está en esa dirección. Seguir con Talara o manejos como el del contrato del aeropuerto de Chinchero no son buenas señales de cambio.
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