Jorge Chávez Cotrina: "Hay 15 fiscales que han solicitado protección"

El 26 de noviembre, un representante del Ministerio Público de Moyobamba fue asesinado. El lunes, otro magistrado de la región San Martín denunció haber sido víctima de amenazas. Ese mismo día, los titulares de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de La Libertad dieron a conocer que analizan la posibilidad de adquirir armas ante la falta de protección policial y la fiscal Luz Taquire –a cargo del caso ‘Caracol’– sufrió un extraño asalto cuando se dirigía a su casa. ¿Así de desprotegidos están los fiscales? Lamentablemente, sí, tal como lo confirma Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado.

Más allá de si el atentado de la doctora Taquire tiene o no relación con el caso ‘Caracol’, ¿así de desprotegidos están los fiscales contra el crimen organizado? ¿No cuentan con protección especial?
Fíjese usted, el Ministerio Público cuenta con 20 sedes de fiscalías contra el crimen organizado a nivel nacional. Somos aproximadamente 270 fiscales contra el crimen organizado a nivel nacional. Como usted comprenderá, no se puede dar seguridad a los 270 fiscales, es complicado para el gobierno. Hay que ser realistas. Pero hay fiscales que han solicitado seguridad por escrito porque han sido víctimas de algún tipo de amenaza. Actualmente hay 15 fiscales a nivel nacional que han solicitado protección. Estos documentos ya han sido enviados al Ministerio del Interior y espero que en los próximos días se tomen las medidas correspondientes para que se les brinde protección. Estoy hablando de los fiscales de Piura, de Trujillo –ahí tenemos dos o tres que han sido amenazados–, de Huaral –por el caso de Los Monos de Quepepampa– y algunos de Lima.

Pese a que tienen los casos más complicados, ¿no cuentan con resguardo policial?
Ni siquiera la sede principal (de las fiscalías contra el crimen organizado) cuenta con resguardo. No tenemos ni un policía en la entrada. La seguridad es un problema de administración del Ministerio Público, que contrata seguridad particular. No contamos con la seguridad de la PNP. ¿Por qué? Porque no hay personal.

¿Y tienen asignado resguardo personal?
Mucho menos. Si no nos pueden poner un policía en la puerta, imagínese poner 270 policías para que cuiden a los fiscales. Hay que tomar en cuenta que todos los casos de las fiscalías contra el crimen organizado son complejos y peligrosos, y que cada fiscal tiene más o menos 20 casos. ¿Cómo puedes entender que un fiscal contra el crimen organizado en Piura, en Tumbes, en Chiclayo, tenga que ir al penal en mototaxi o taxi con la carpeta sin ninguna seguridad para él ni mucho menos para la carpeta? Lo pueden asaltar y le quitan la carpeta. En esas condiciones estamos trabajando.

Debido a esta situación, hay fiscales como los de La Libertad, que han anunciado que van a adquirir armas.
Es la desesperación que los chicos tienen, porque ven que el Estado no les está dando la protección que están pidiendo. Los entiendo, porque también he sido víctima de amenazas constantemente. Tengo más de 20 años enfrentándome a las organizaciones criminales, porque he sido fiscal antidrogas, y sé lo que se siente ser amenazado. Ellos son nuevos en este tema y se asustan. Pero yo les he dicho que tienen que tener la valentía necesaria, porque no nos queda otra. Hemos pedido que se compren chalecos antibalas.

Se trata de una situación muy complicada…
El problema es que tampoco podemos pedir seguridad para los 270 fiscales. Es imposible que el gobierno nos dé más de 500 policías para que nos cuiden. Difícil. Pedir eso sería ilógico. Pero sí para aquellos fiscales que tienen amenazas ciertas y reales, como en el caso de la doctora Taquire, por ejemplo.

Por otro lado, ¿cómo hacen las fiscalías contra el crimen organizado para enfrentarse a bandas que cuentan con tecnologías, armas sofisticadas y vehículos modernos?
Mientras ellos están en un Volvo, nosotros vamos en mototaxi. De las 20 sedes de las fiscalías contra el crimen organizado, más las ocho sedes de fiscales de trata de personas, solo dos cuentan con una camioneta cada una: la de Trujillo y la de Ayacucho. Obviamente, con el presupuesto que ha dado el gobierno para el próximo año, no creo que compremos ni siquiera un triciclo. No cubre las necesidades. Y no estoy hablando solamente de las fiscalías contra el crimen organizado ni de las de trata. Estoy hablando del Ministerio Público en general. El presupuesto que nos han dado es solo para cubrir el gasto ordinario, lo que son sueldos. Nos hacen falta peritos. No contamos con peritos, por ejemplo, para la homologación de voz cuando hacemos las escuchas telefónicas. Nos hacen falta peritos contables, que tampoco tenemos. Fíjese, el Ministerio Público ha pedido más de tres mil millones de soles y nos han dado 1,600 millones para el 2017.

¿Cuál sería la solución?
Que las fiscalías contra el crimen organizado y de trata de personas tengan un presupuesto especial. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos de dos a tres megaoperativos al mes, lo que significa que tengo que movilizar, en cada operativo, de 40 a 50 fiscales a diferentes ciudades del país, lo que demanda un gasto de 250 mil soles. Si hablamos de dos operativos al mes, sería medio millón de soles.

Autoficha

• “Tengo más de dos décadas enfrentándome al crimen organizado. Anteriormente estuve en la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. En el año 2010, fui designado coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado”.

• “Soy abogado por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, tengo estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En la actualidad soy fiscal superior”.

• “Tuve a mi cargo la investigación del caso Vladimiro Montesinos en el tema de narcotráfico y en el tráfico de armas a las FARC. Fui fiscal adjunto antidrogas de 1995 a 2002, fiscal antidrogas del 2002 al 2007 y fiscal provincial contra el Crimen Organizado hasta el 2010”.