25.SEP Martes, 2018
Lima
Última actualización 02:09 pm
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Opinión

“Como suele suceder en las semanas posteriores a este tipo de desgracias, las autoridades competentes –acompañadas generalmente por la prensa– se dedican a hacer inspecciones, clausurar locales”.

La reciente tragedia en el miraflorino Larcomar nos confronta con otra expresión de la precariedad institucional de nuestro país, donde las reglas de juego no quedan claras y el incumplimiento impune de las normas incluye tanto a la mayoría informal como a la minoría formal.

Como suele suceder en las semanas posteriores a este tipo de desgracias, las autoridades competentes –acompañadas generalmente por la prensa– se dedican a hacer inspecciones, clausurar locales comerciales, multar a empresas por deficientes condiciones de seguridad, así como por incumplir obligaciones de diseño en relación a personas con discapacidad, entre otras acciones.

Hace algunos días estuve en un establecimiento municipal en el que no logré ver rampas ni extintores, pero sí cables eléctricos expuestos. Luego de salir y enrumbar a mi destino, pasé por una calle caótica, en la que se imponían autos estatales mal cuadrados, evidenciando la falta de estacionamientos –cocheras que la municipalidad y la zonificación correspondiente exigirían a cualquier edificio de oficinas similar–. Me pregunto: ¿qué hacemos frente al incumplimiento flagrante de las entidades públicas respecto de las mismas obligaciones que exigen al sector privado?

Intento ensayar algunas respuestas, recalcando que el problema trasciende a las medidas de seguridad y al ordenamiento vial, porque también podríamos hablar de contratos de trabajo, implementación de lactarios u otras normas, para las que diversas entidades públicas –desde pequeñas municipalidades distritales, hasta los más grandes ministerios– son un ejemplo de ilegalidad, desorden e inconsecuencia.

La fiscalización que deben hacer nuestras autoridades requiere contar con la legitimidad que otorga la coherencia y el respeto al ciudadano, lo cual se logra a partir de la consecuencia entre la prédica y la acción.
Recordemos que han pasado casi 2,600 años desde que el político y legislador ateniense Solón señaló que las autoridades debían aprender a gobernarse antes de pretender exigirles a sus gobernados. Sin embargo, aún no logramos cumplir con el postulado.

No es casual que, pese al gran crecimiento económico y el mayor desarrollo social que ha logrado Perú en el siglo XXI, el repudio a muchas autoridades políticas haya acompañado el proceso, con cifras de desaprobación por parte de la ciudadanía que se encuentran entre las más altas de América Latina.


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