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Opinión

El 5 de abril de 1992 el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, anunció el cierre y reorganización del Congreso, del Poder Judicial y de varios organismos como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

Alfonso Baella,Uso de la palabra
Comunicador
alfonso@baella.com

El 5 de abril de 1992 el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, anunció el cierre y reorganización del Congreso, del Poder Judicial y de varios organismos como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Esa decisión tuvo la aceptación de más del 82% de los peruanos. A los pocos meses se eligió un Congreso Constituyente y se aprobó una nueva Constitución de la República que hasta hoy nos gobierna.

La versión escrita de este discurso está en la página web del Parlamento bajo el eufemístico archivo cuyo nombre es “museo” ( http://bit.ly/1i2fkC4 ).

Muchos consideramos que esa nueva Carta Magna –más liberal que la anterior– junto con una serie de reformas adicionales sentaron las bases de un cambio positivo y sustantivo en el país. En perspectiva, es conveniente preguntarnos si las instituciones cuyos cambios fueron respaldados mayoritariamente en abril de 1992, mejoraron o se modernizaron realmente. Es decir, si luego de más de dos décadas, el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría y la Contraloría lucen mejores, más transparentes o más eficientes. O si, como parece ser, están más alejadas del sentido común, del ideal del ciudadano de a pie y si son percibidas como más corruptas que antes.

Veintidós años después aún persiste el debate sobre si esa decisión fue realmente necesaria, si fue buena, e inclusive si podría repetirse. Hay quienes señalan que hemos madurado y que una situación como esa no podría volver a ocurrir.

Pero cuando se vuelve a preguntar a los peruanos la cosa no cambia mucho. La encuesta de marzo de este año, de Ipsos-Perú (http://bit.ly/1i4eDYT) coincide en que el 77% y el 88% desaprueban al Poder Judicial y al Congreso, respectivamente. ¿Significa que hay que promover otro quiebre institucional? ¿Hemos madurado? ¿Fuimos inmaduros en abril del 92?

La crisis institucional que justificó en parte el 5 de abril, en lo fundamental, no ha desaparecido. Sin embargo el país, sin duda, es otro. Hay una nueva y creciente clase media, un nuevo espíritu emprendedor, juvenil, competitivo, rural –y hasta marginal– pero de pensamiento globalizado conectado a Internet. Y aunque la política parece no modernizarse, hemos avanzado porque la democracia se ha afianzado durante los cuatro gobiernos sucesivos. Si hay algo por “disolver, disolver” hoy, es la corrupción que es una enfermedad maldita que no nos deja aún sanar como nación y de la que ningún gobierno parece haberse librado.


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