La Comisión de Ética Parlamentaria acordó ayer solicitar la intervención del procurador del Congreso para que denuncie al juez que les ordenó un nuevo informe sobre la recomendación de sanción a Javier Diez Canseco.
El criterio mayoritario de los miembros de este grupo, que preside Humberto Lay, es que el magistrado incurrió en prevaricato y desconoce que la sanción fue una decisión del Pleno del Congreso.
De otro lado, se acordó también que el tema de los parlamentarios que mantienen deudas con la Sunat sea analizado caso por caso.
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