Ciencia y conciencia

Guido Lombardi,Opina.21
El tema del aborto es, sin duda, controvertido y remite a consideraciones morales y a convicciones religiosas. Resulta, por tanto, plenamente comprensible que haya quienes se opongan a su aplicación apelando a esas convicciones. Lo que no es admisible es que se pretenda imponer ese particular punto de vista al resto de la sociedad.

Quienes se oponen al aborto terapéutico indican que tres ministros han aprobado un procedimiento para hacerlo posible de manera arbitraria, inconsulta y malévola. Esa actitud revela, en el mejor de los casos, ignorancia; en el peor, mala fe. En primer lugar, porque la norma está vigente en nuestra legislación desde hace 90 años. Al respecto, basta leer con atención el artículo 119 del Código Penal de 1924, que establece: “No es punible el aborto practicado por un médico (…) cuando es el único medio de salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. En segundo lugar, porque se han tomado en cuenta opiniones y documentos procedentes de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y del propio Colegio Médico del Perú.

Debe quedar claro que la posibilidad de recurrir al aborto terapéutico es solo para casos excepcionales y graves que no exceden la cifra de 15 a 20 casos al año, según afirmación de la viceministra de Salud Pública, Paulina Giusti. Pretender, como lo han hecho algunos, que en la práctica el protocolo abre la puerta a la realización de abortos de manera indiscriminada y bajo cualquier circunstancia es una falsedad flagrante.

El aborto no puede ni debe ser un mecanismo de control de la natalidad. Para que ello no ocurra se requiere que el Estado provea información y métodos alternativos a las mujeres en edad fértil, porque, en última instancia, la decisión corresponde (o debería corresponder) de manera exclusiva a ellas.