Las bien organizadas y exitosas reuniones del FMI y el Banco Mundial en Lima dieron una breve tregua a la política local. Ahora, con las encuestas de lunes y martes, ella está de vuelta. Nadine, con 13% de aprobación, debe hacer frente en estas semanas a temas decisivos para su futuro político y penal.
Ayer fue la interpelación al ministro de Justicia por las amenazas de destitución contra la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, y por el desmantelamiento de los equipos de apoyo a los procuradores; todo, como es evidente, en defensa de quien ya sabemos. Para el ministro de Justicia, que la procuradora que entregó las agendas a la Fiscalía explique públicamente su labor es “un acto de vedetismo y protagonismo”.
Hoy toca al Tribunal Constitucional decidir sobre si un hábeas corpus puede usarse, en vez de un amparo, para impedir una investigación fiscal; peor todavía, si lo así resuelto puede extenderse a otras personas. No he escuchado a un solo jurista defender la posición del Poder Judicial, cuestionada por la Fiscalía y, más bien, hay antecedentes de que en circunstancias excepcionales (lavado de activos, por ejemplo) el Tribunal Constitucional ha intervenido.
También avanza el caso en la Fiscalía, donde se ha designado a dos peritos locales para establecer si la letra de las agendas le pertenece, como los abrumadores indicios señalan. (“La verdad es mi letra”, admitió ella hace poco). Aquí también la capacidad de quien manda en el Perú de “influir”, de una u otra manera, en otros estamentos del Estado es inmensa. Las presiones a las que estarán sometidos los expertos llevaron a sugerir que sean de fuera los que hagan la evaluación, pero no se aceptó. La Fiscalía asume una gran responsabilidad.
¿Estarán las instituciones a la altura de los desafíos? ¿Somos todos iguales ante la ley o hay algunos que son más iguales que otros?
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.