A pesar de que las extorsiones que se cometen desde los penales se han extendido en Lima y en el norte del país, la iniciativa privada para instalar bloqueadores de celulares en 33 centros penitenciarios demorará dos años y medio.
Como es público, el Ministerio de Justicia tardó cerca de un año y medio en evaluar este proyecto y, recién hace unos días, Proinversión convocó el concurso público respectivo.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Luis Pérez Guadalupe, manifestó que en los próximos tres meses Proinversión recibirá las propuestas de otras compañías interesadas. “Luego, la instalación de los bloqueadores tomará dos años”, refirió.
Cabe destacar que, si en el referido lapso otras empresas expresan su interés en participar, se deberá convocar un concurso de licitación que podría durar otros seis meses.
Es decir, la seguridad en los penales tendrá que esperar un largo tiempo, pese a que cada día se registran más víctimas de extorsión en el país.
CRITICAN DEMORA
Al respecto, el parlamentario y exministro del Interior Octavio Salazar criticó la demora del Gobierno y comentó que la misma no se justifica.
“Los bloqueadores de celulares no cuestan mucho dinero. El problema no es la falta de recursos sino la falta de gestión”, subrayó.
En tal sentido, planteó que los establecimientos penitenciarios sean declarados en emergencia a fin de que se agilice la adquisición del mencionado sistema de seguridad.
Según la iniciativa privada, con la colocación de estos incomunicadores se evitará que más de 61 mil reos (que representan el 90% de la población penitenciaria del país) puedan realizar llamadas ilegales.
POR CONCESIÓN
El proyecto contempla, además, mejorar la seguridad en las prisiones con el uso de videocámaras, escáneres, registro biométrico y otras herramientas tecnológicas.
La empresa ganadora brindará estos servicios y, a cambio, tendrá la concesión por 25 años de las cabinas telefónicas que se abrirán en cada establecimiento penitenciario para que los internos puedan comunicarse con números fijos.
NO HAY RIESGOS
Al respecto, Pérez Guadalupe sostuvo que no habrá ningún riesgo en que los internos puedan efectuar llamadas, pues cada uno de ellos tendrá un código y las comunicaciones serán monitoreadas para prevenir cualquier acto delictivo.
Agregó que el contrato incluirá el mantenimiento de los bloqueadores de celulares. “Asimismo, los penales serán modernizados con un software que permitirá mejorar la administración y los sistemas de videoconferencia judicial”, puntualizó el funcionario.
TENGA EN CUENTA
- El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, reiteró ayer su solicitud de dotar de mayores medidas de seguridad a los jueces de todo el país, a fin de que “no les tiemble el pulso al momento de aplicar las sentencias que correspondan” en los procesos relacionados con la seguridad ciudadana.
- Por su parte, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, informó que se está implementando un sistema de seguridad para los directores de penales con mayor delincuencia, como el de Trujillo, Piedras Gordas y el de Juliaca.
- El proyecto ‘Prestación de Servicios de Seguridad Electrónica en Prisiones’ se implementará en los penales con más de 400 internos.
- Según la Dirincri de la Policía, el 95% de las llamadas telefónicas de extorsión en Lima provienen de los establecimientos penitenciarios.
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