Avelino Guillén, exfiscal superior: “El gobierno tiene un objetivo: la impunidad”

Lo sucedido con la procuradora Julia Príncipe demuestra el deterioro del gobierno, según el ex fiscal superior Avelino Guillén, quien señala que el único objetivo de esta administración es buscar la impunidad.

¿Cuál es su análisis sobre lo que ha sucedido con la procuradora Julia Príncipe y la renuncia del ministro de Justicia?
Bueno, es una muestra de la descomposición que está viviendo este régimen, que va de crisis en crisis. Todo esto es originado por el intento del sistema judicial de investigar un presunto lavado de activos que se atribuye a la señora Nadine Heredia. Frente a ese objetivo de búsqueda de la verdad, de la necesidad de una investigación objetiva e imparcial, el gobierno ha reaccionado haciendo uso de todos los resortes del Estado para impedir, a toda costa, la actuación independiente de algún funcionario del Ministerio Público y de la Procuraduría de Lavado de Activos.

¿Cuál es la consecuencia de esta destitución?
Se está dando una imagen penosa dentro de un momento dramático para el país, porque no entiendo cómo un régimen, en su totalidad, compromete su propia existencia y viabilidad en la defensa de una persona, cuando lo que, más bien, debería hacer es exigir una investigación pulcra, independiente y con respeto al debido proceso, y someter todo a la decisión de las autoridades.

¿A qué se refiere cuando usted habla de descomposición del régimen?
Para mí, esta descomposición es moral, no hay ningún respeto a la opinión pública, no hay respeto a la verdad. No les importa nada con tal de conseguir cualquier objetivo. No hay respeto al Ministerio Público, el fiscal fue objeto de una serie de agresiones verbales por parte del presidente. La procuradora ha sido cesada solo por el hecho de haber señalado que era conveniente que se lleve adelante una investigación, una declaración que no es, de ninguna manera, un adelanto de opinión. Otros asisten al Congreso solo para negarse a declarar. Es un grave deterioro de este régimen, una situación inaudita que no recuerdo haberla visto en los últimos años.

¿Con la renuncia del ministro Adrianzén se cubre el escándalo en torno a la salida de la procuradora Príncipe?
No, porque ya se hizo el daño. ¿Cuál es la función de un procurador? Coadyuvar a una investigación. Esa labor es comunicada a la opinión pública porque los hechos de corrupción, de tráfico ilícito de drogas, de lavado de activos tienen que ser puestos en conocimiento de la ciudadanía por su propia naturaleza. No pueden ser mantenidos en secreto. Hay una obligación del Estado de informar lo que se está haciendo.

Hay otro punto para analizar. La norma utilizada para destituir a Príncipe no ha sido cumplida por otros procuradores. Julio Arbizu dijo que jamás solicitó permiso para nada.
Esa norma está en el artículo 58° del reglamento del Decreto Legislativo 1068, pero casi nunca ha sido aplicada, y está bien que no se aplique. Mire, todos los días vemos al procurador Joel Segura declarando después de las audiencias sobre ‘narcoindultos’, lo cual está bien, porque nos informa sobre lo que ha ocurrido en las audiencias y no necesita autorización. Aquí el problema ha surgido solo por el hecho de que la procuradora Príncipe se ha referido a la necesidad de una investigación en relación a las agendas. Por eso le iniciaron un proceso disciplinario, lo cual es inaudito y nunca se ha dado.

¿Cree que el gobierno está confundiendo el papel de los procuradores?
El gobierno tiene un error de percepción. Cree que los procuradores son defensores de los funcionarios del gobierno, no se percata de que son los abogados del Estado y que el Estado es el agraviado en delitos como lavado de activos y de corrupción.

¿Esto va a afectar más la credibilidad del gobierno?
Esto ha generado un rechazo masivo en la población. La opinión pública tiene claro que este gobierno tiene un solo objetivo: imponer la impunidad, que no se lleve adelante ninguna investigación en relación al delito de lavado de activos que se atribuye a Nadine Heredia, eso está claro. Este rechazo se verá en las próximas encuestas.

¿Qué le parecieron las palabras del premier Pedro Cateriano cuando dijo, el lunes, que el presidente Humala pudo haber usado su derecho constitucional de disolver el Parlamento?
No sé lo que buscan. Eso es una velada amenaza al Congreso. Lo que tienen que aprender el señor Cateriano y sus ministros es a vivir en democracia. El problema de este gobierno es que no conoce las reglas de la democracia. Las palabras del primer ministro no le hacen ningún bien a la democracia. Este gobierno ve a quien discrepa como un enemigo en un frente militar, y en democracia no puede haber eso.

¿Le preocupa la situación política? ¿Le preocupa que pueda haber por ahí la tentación de ‘patear el tablero’ y afectar el orden constitucional?
Yo tengo una grave preocupación por el destino del país, de lo que va a pasar. A veces da la impresión de que quiere nublarse la transferencia democrática. Eso es algo que puede ser latente. Con el mayor de los respetos, invoco a los gobernantes a que, después de haberse disparado a los pies, entiendan que deben gobernar con transparencia.

AUTOFICHA

• “Soy abogado y jurista. Fui fiscal superior adjunto en el proceso judicial seguido contra Alberto Fujimori. Me dedico a mis asuntos profesionales y dicto charlas. No pienso postular al Congreso. Soy muy antipático para estar metido en una función congresal”.

• “En estos momentos, Nadine Heredia es un enorme pasivo. Corresponde al gobierno evaluar esa situación y tomar una medida. Con todo respeto, debería cesar toda injerencia de la señora en las acciones de Estado”.

• “La descomposición del gobierno se puede apreciar con la renuncia de la vicepresidenta Marisol Espinoza al Partido Nacionalista. Soy un convencido de que se trataba del mejor cuadro político con el que contaba este gobierno. Se vienen épocas duras para la democracia”.

Por Carlos Castillo (ccastillo@peru21.com)