25.NOV Lunes, 2024
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Opinión

El asesinato de Ezequiel Nolasco eleva a 8 las víctimas de homicidios políticos en Áncash desde 2004. Según reportajes periodísticos, los riesgos aumentan para quienes han denunciado casos de corrupción del gobierno regional.

Carlos Meléndez,Persiana americana
Steven Levitsky acierta en catalogar el caso de Áncash como una región autoritaria. Los niveles de violencia política en esta jurisdicción alcanzan niveles intolerables en una democracia. Pero, ¿a qué se debe esta situación caótica tan cerca de Lima?

Tres factores explican los niveles de violencia autoritaria en Áncash. En primer lugar, la región forma parte de un corredor de inseguridad. Santa y Huarmey, con las provincias costeñas de La Libertad, Lambayeque y Piura, constituyen un circuito donde el sicariato impone su ley. Crecimiento económico e informalidad permiten el arraigo de estos poderes ilegales. Existe, pues, una disponibilidad de criminales a sueldo.

Segundo, la política local ha desbordado la institucionalidad. La descentralización estrenada en 2002 permitió la emergencia de movimientos regionales, sin vocación de rendición de cuentas. La autonomía para gestionar la región se complementó con el incremento de recursos –derivados de transferencias, primero y canon minero después–, lo cual hizo atractivo el puesto político. Así, las candidaturas a presidente regional se multiplicaron ( 8 en 2002, 13 en 2006 y 19 en 2010).

Finalmente, los partidos nacionales perdieron iniciativa. El APRA, que gobernara esta región entre 2002 y 2006 –considerándola parte de su “solido norte”–, ha cedido ante ‘independientes’ sin modales democráticos. Sicariato, desborde local y abandono partidario confluyen en el fracaso democrático subnacional. De no frenarse esta tendencia, podría extenderse a otras regiones.


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