Alfredo Ferrero: PPK, Odebrecht y Toledo

El caso de Odebrecht y las empresas brasileñas ya ha impactado en el crecimiento del país este año. Llegaremos tal vez a 3% con tendencia a la baja vs. el 4.4% proyectado. Los inversionistas están retraídos por la expectativa de los resultados del caso Lava Jato.

La popularidad de PPK sigue bajando en forma preocupante llegando a 35%. Sin embargo, en los últimos días ha tomado algunas decisiones que esperamos mejoren la percepción ciudadana y la confianza en el país. Algunas de sus respuestas no fueron las mejores (“hay que pasar la página”), sus bromas fuera de lugar (“yo no hablo inglés”) y no responder con firmeza a una amenaza de Karp en las redes que debió zanjar inmediatamente para evitar especulaciones.

Las últimas medidas anunciadas, como la orden de captura internacional, impedir que Toledo se instale en Israel (que al parecer no lo recibirá) y/o que los consorcios implicados no podrán vender sus activos hasta que cumplan con sus obligaciones legales, reparación civil y multas, son positivas. También parece haberse comunicado con Trump para facilitar la extradición de Toledo.

Respecto de Toledo, hay que distinguir “Toledo” de lo que fue su gobierno, que tuvo logros importantes. El haber participado de este no hace a los ministros y técnicos cómplices, ya que no necesariamente conocieron los hechos ocurridos alrededor del entorno de un presidente que enarboló la bandera anticorrupción y pareciera estar profundamente involucrado en actividades ilícitas, causando la decepción y frustración de muchos. A pesar de la negación de su hija Zaraí, el Melody y otros temas, muchos no presagiaban tamaña corruptela. La historia se debe analizar de atrás para adelante y no de adelante para atrás, porque genera distorsiones y descontextualiza las decisiones y posiciones; cuando todo se sabe no es igual que cuando nada se sabía pese a los “rumores” respecto del actuar de algunas empresas.

Las concesiones otorgadas a través de prebendas deben ser anulables y revertir al Estado. En este contexto sería difícil que el CIADI acoja demandas de inversionistas que hayan efectuado comprobados actos de corrupción.