Tala ilegal

El Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la tala ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Fourment, anunció que se instalarán equipos de seguimiento satelital a las naves, embarcaciones y artefactos navales fluviales y lacustres para enfrentar el tráfico ilícito de madera específicamente en la cuenca amazónica

Las autoridades inmovilizaron 3’002,864 de pies tablares de madera de distintas especies de empresas que operan en puerto de Masusa (región Loreto), como resultado del segundo día de operaciones conjuntas en dicha zona del distrito de Punchana, provincia de Maynas.

Diana Ríos, miembro de la etnia asháninka, recibirá este lunes en Nueva York un premio como reconocimiento a la lucha de los indígenas amazónicos contra la tala ilegal, que en septiembre pasado cobró cuatro vidas en la selva de Ucayali, entre ellas la de su padre, Jorge Ríos.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) garantizó a representantes de las comunidades nativas de la región Ucayali la firme protección del Estado frente a la tala ilegal.

Uno de los presuntos autores del asesinato de cuatro dirigentes asháninkas en la región Ucayali detenido en la localidad de Alto Tamaya-Saweto tiene doble identidad. Se trata de un ciudadano brasileño que tiene dos identidades: Adeuso Mapez Rodríguez y Francisco Anderson Mapez de Souza, alias ‘Capelón’, de 63 años.

Uno de los presuntos autores del asesinato de cuatro dirigentes asháninkas en la región Ucayali fue detenido, anunció ese sábado el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia.

La premier Ana Jara viajó este sábado con un equipo multisectorial a la región Ucayali y anunció la designación de un alto comisionado contra la tala ilegal de madera, esto a raíz del asesinato de cuatro dirigentes asháninkas a manos de madereros ilegales.

El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, condenó la muerte de cuatro dirigentes asháninkas. Además, instó al Estado Peruano a realizar “una inmediata, exhaustiva e imparcial investigación” que esclarezca ese crimen.

Santiago Pedraglio,Opina.21 La muerte del dirigente asháninka Edwin Chota y de otros tres integrantes de su comunidad es una señal más de que las economías ilegales cobran una inusual potencia y ejercen el control de amplios territorios en el país. Los jefes de estas economías son capitanes de empresas ilegales. Contra lo que piensa un ex presidente peruano, no tienen nada de “perros del hortelano”. Poseen, en sus términos, iniciativa y una voluntad individualista dirigida a obtener éxito económico a cualquier precio. No son socialistas, son grandes creyentes en el mercado. Esta dinámica no implica sumar orden y negocios sino todo lo contrario: en las economías ilegales se hacen negocios a partir del desorden, del descontrol, del abuso. Sin embargo, tienen vínculos con la economía legal. ¿Dónde y a quién se vende la caoba para que llegue a Estados Unidos? ¿Dónde y a quién se vende el oro extraído ilegalmente? ¿Dónde y a quién se venden los electrodomésticos que entran de contrabando? El problema no se resuelve dándole fin a los gobiernos regionales; no son, per se, los responsables; es más, sin ellos las economías ilegales seguirán subsistiendo y crecerán si la sociedad organizada no lo impide. Esto significa hacer todos los esfuerzos por impedir que en las próximas elecciones tengamos gobiernos locales y regionales que expresen intereses ilícitos. No obstante, hay manifestaciones de sobra de que también en las instituciones nacionales hay una penetración de estos poderes, cada vez más “naturales” y robustos. Estamos ante un problema económico, social y policial de grandes proporciones. Debe intervenir la Policía y la Sunat, y afianzar los órganos de inteligencia. El gobierno debe preocuparse, de una vez por todas, por la pequeña agricultura rural y por proteger los bosques amazónicos y a sus verdaderos guardianes: las comunidades nativas.

El asesinato de cuatro dirigentes asháninkas a manos de presuntos traficantes de madera generó el rechazo unánime de instituciones públicas y privadas, y de políticos, que exigieron investigar el crimen para que no quede impune.

(Lima/EFE) El presidente Ollanta Humala anunció que representantes del Ministerio de Cultura y de la Policía Nacional se dirigirán a la región Ucayali para investigar el asesinato de cuatro nativos asháninkas a manos de madereros ilegales.

Unos desconocidos talaron 15 árboles de algarrobo de más de 40 años de antigüedad para comercializarlos como carbón vegetal en el sector de la Quebrada Carretas, perteneciente a la jurisdicción de San Jacinto, en Tumbes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó S/.1.7 millones a nueve gobiernos regionales para mantener operativos los puestos de control destinados a la lucha contra la tala ilegal, control de transporte, control de tráfico y comercio ilegal de productos forestales y de fauna silvestre.

El Ejecutivo alista un proyecto de ley para agilizar la expulsión del país de extranjeros vinculados a delitos de narcotráfico, minería ilícita y a tala ilegal.

El Ejecutivo alista un proyecto de ley para agilizar la expulsión del país de extranjeros vinculados a delitos de narcotráfico, minería ilícita y a tala ilegal.

A pesar de los operativos de control realizados por las autoridades para detener la minería informal en la región, la extracción ilegal de oro continúa. En un operativo realizado a orillas del río Madre de Dios –entre la comunidad La Pastora y el puerto Otilia–, la Marina de Guerra decomisó gran cantidad de dragas y artefactos fluviales que eran utilizados para la actividad indebida.

En un operativo realizado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a través de la jefatura de la Reserva Nacional Tambopata, se logró recuperar más de 7,000 mil pies tablares de madera de la especie tornillo talados ilegalmente de esta área protegida, ubicada entre las regiones de Madre de Dios y Puno.

La deforestación en la región San Martín ha ocasionado en los últimos 10 años la pérdida de más de 230 mil hectáreas de bosques. Según un estudio de Conservación Internacional, basado en imágenes satelitales, las provincias más afectadas por este fenómeno son Bellavista, Mariscal Cáceres, Picota y Moyobamba, donde las pérdidas de tierras se deben principalmente al aumento de la actividad agrícola a causa de la migración.

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