Humala anunció investigación por asesinato de cuatro asháninkas en Ucayali

(Lima/EFE)
El presidente Ollanta Humala anunció que representantes del Ministerio de Cultura y de la Policía Nacional se dirigirán a la región Ucayali para investigar el asesinato de cuatro nativos asháninkas a manos de madereros ilegales.

En declaraciones a la prensa, Humala dijo que “los responsables (del crimen) son, al parecer, mafias que tienen intereses económicos en la tala ilegal de madera, que se enfrentan a comuneros, quienes lo único que hacen es cuidar sus bosques”.

El jefe de Estado calificó a los asesinos de “bárbaros” y aseguró que un suceso de este tipo “nos avergüenza como sociedad y todos debemos rechazar este tipo de acciones”.

Los cuatro asháninkas fallecidos el pasado 1 de septiembre eran dirigentes de la comunidad nativa del Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, pero su muerte se produjo cerca de la frontera de Perú con Brasil cuando se encontraron con los presuntos madereros.

Entre las víctimas figura el presidente de la comunidad, Edwin Chota, quien también era el fundador de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas de Masisea y Callería (Aconamac).

De acuerdo a la información de las asociaciones indígenas, los otros fallecidos son Leoncio Quincima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, que, junto a Edwin Chota, se dirigían por la selva a una reunión de líderes de comunidades asháninkas asentadas entre la frontera de Perú y Brasil.

El objetivo del encuentro era precisamente revisar su estrategia de vigilancia fronteriza de sus territorios pera impedir la tala ilegal y la deforestación, así como la actividad de los narcotraficantes.

Mediante sendos comunicados, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC) y la Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA) lamentaron la muerte de los cuatro indígenas y pidieron mayor protección para sus comunidades.

Las asociaciones de indígenas también pidieron al Estado peruano que haga valer los derechos de los nativos para brindarles mayor protección, además de combatir de manera más efectiva la corrupción que propicia la tala ilegal de la amazonía.

“Nos indignamos por la desidia del Poder Judicial, que hasta la fecha no haya hecho absolutamente nada frente a las innumerables denuncias y pedidos de justicia”, sentenció Aidesep.