La ONU expresó su “grave preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional y le pidió que reconsidere la medida, en vista de que “la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione”.
Asimismo, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, señaló que los parlamentarios electos deben poder ejercer los poderes que les ha conferido la Constitución venezolana.
A estas reacciones se sumó la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien denunció la medida del TSJ como una “ruptura del orden constitucional” en su país.
Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega manifestó su “alta preocupación” por las recientes sentencias del máximo tribunal que han desatado una crisis política y también llamó a reflexionar para que se tomen los “caminos democráticos” de respeto a la Constitución y se rescate la pluralidad.
Este pronunciamiento de una alta funcionaria del Estado ha tomado por sorpresa a muchos pues es conocida su cercanía al gobierno de Nicolás Maduro y su parcialidad política a favor del chavismo.
Para el internacionalista Juan Velit, las declaraciones de la fiscal son formalmente la primera disensión que sufre el gobierno central.
“Si un actor político dice que no está de acuerdo con la medida es porque sabe que más adelante habrán acontecimientos más fuertes que no va a poder enfrentar y porque definitivamente no quiere arrastrar las culpas de Nicolás Maduro”, explicó Velit a Perú21.
Maduro se pronuncia
En torno al fallo del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Nicolás Maduro negó, a través de una conferencia de prensa, que en Venezuela se haya dado una “ruptura del orden constitucional” y aseguró que hay plena vigencia de la Constitución.
“La única ruptura del orden constitucional ocurrió en el 2002 cuando la oposición encabezó el golpe de Estado del 11 y 12 de abril de ese año contra el ex presidente Hugo Chávez y la avaló el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA”, dijo el jefe de Estado a través del canal estatal VTV.
Asimismo, convocó a los poderes públicos a zanjar las diferencias que se han desatado en torno al fallo que anunció el máximo tribunal.
“Asumo, a través del diálogo y la Constitución, la tarea de resolver el ‘impasse’ que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación deliberar y sacar una resolución”, señaló.
Por otro lado, le pidió a la oposición retomar el proceso de diálogo político roto a principios del año y agregó que en esta oportunidad aceptará escuchar las condiciones que le impusieran los dirigentes opositores.
Datos
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