Uruguay: Homosexuales podrán casarse desde agosto

El presidente uruguayo Jose Mujica promulgó la ley del Matrimonio Igualitario, aprobada el pasado mes por el Parlamento, y a partir del 3 de agosto las parejas homosexuales podrán casarse en Uruguay, informaron hoy fuentes parlamentarias.

Mujica y el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, promulgaron la ley el pasado viernes y noventa días después entrará en vigencia, tiempo durante el cual el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva, señalaron a Efe fuentes del Poder Legislativo.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 10 de abril la ley con 71 votos a favor y 21 en contra poniendo fin a un proceso de análisis de varios meses. El texto había sido aprobado anteriormente por los senadores.

La ley fue impulsada por la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, pero tuvo el respaldo además de legisladores de la oposición.

La nueva legislación señala que la institución del matrimonio “implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil”.

Uno de sus aspectos más llamativos es la reglamentación sobre el orden de los apellidos que deberán llevar los hijos de las parejas homosexuales, que será acordado por los dos cónyuges o mediante sorteo en caso de falta de acuerdo y que alcanzará también a los matrimonios heterosexuales.

También genera controversia el derecho de los hijos a reconocer a su padre biológico en el caso de que la madre, casada con otra mujer, lo tenga en un embarazo por la relación con un hombre, no así en el caso de que se use el método de fecundación “in vitro”, por la reserva de la identidad de los donantes de esperma.

En medio del proceso legislativo, la Iglesia Católica pidió a los legisladores que profesan esa religión no votar una iniciativa, que a su juicio, va “en contra del proyecto de Dios”.

La Conferencia Episcopal Uruguaya recordó, además, las críticas que efectuó a una ley similar aprobada en 2010 en Argentina el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires.