ONU advierte daños a libertad de prensa en ‘ley mordaza’ de Rafael Correa

Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión, expresó su preocupación por la Ley de Comunicación aprobada el pasado 14 de junio por la Asamblea Nacional de Ecuador, la cual se encuentra a la espera de que sea promulgada por el presidente Rafael Correa para que entre en vigencia.

Mediante un comunicado, La Rue señala que ve en ella elementos que “gravemente afectan la Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión, tales como la creación del concepto de ‘linchamiento mediático’ que, por supuesto, no existe y pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado”.

En esta ley –agrega– “se establecen mecanismos de censura, tales como la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, que va dirigida a limitar la libertad con la que los periodistas pueden opinar sobre hechos relevantes, políticas públicas y sobre los funcionarios del país”.

En ese sentido, considera que tales cuerpos legales constituyen violaciones al Artículo XIX del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Artículo XIII de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, cree que el texto y el espíritu de esta norma contradicen las recomendaciones que han hecho organismos de la comunidad internacional al Estado y las suyas hechas en 2011, por lo que pidió al mandatario ecuatoriano que no sancione la ley sino que la envíe de regreso a la Asamblea “para ser más ampliamente discutida ante su aprobación”.

De otro lado, Correa insistió que con esta ley “lo que se busca es una mejor prensa” y consideró que desde ahora con la norma “se empodera a los ciudadanos para que puedan defenderse de tanto abuso”. Estas expresiones fueron vertidas durante la participación del mandatario en una cumbre sobre periodismo organizada por su régimen.

“Lo que está en debate no es la libertad de expresión, sino la contradicción de empresas privadas con fines de lucro proveyendo un servicio público”, sentenció el jefe de Estado ecuatoriano.