Diez leyes de los Kirchner contra el Estado de Derecho

1 Aerolíneas Argentinas
La nacionalización de Aerolíneas Argentinas, en septiembre de 2008, se produjo a iniciativa del oficialismo. Pero, como sucedería más tarde con la expropiación de YPF a Repsol, contó con una aplastante mayoría. La oposición celebró el pago de “un peso” a la compañía que por entonces estaba en manos del grupo Marsans.

Hoy la dirige Mariano Recalde, uno de los jóvenes dirigentes de La Cámpora, la organización fundado por Máximo Kirchner, el único hijo varón de la presidenta Cristina Fernández al que se le atribuyen poderes desconocidos en la sombra.

La gestión ha resultado ser un fracaso que se traduce en un agujero de más de US$3,500 millones. La compañía pierde unos dos millones de dólares al día.

2 Jubilación privada
En noviembre de 2008, el actual vicepresidente, Amado Boudou, se ganó la confianza de Cristina Fernández al poner sobre la mesa una idea formidable para recibir fondos frescos y que el Estado se colara gratis como accionista en muchas empresas: la reforma del sistema de jubilación.

La ley, pese a las protestas de los afectados, salió adelante. El Estado absorbió el sistema de jubilación privada (AFJP, Administraciones de Fondos de Jubilación y Pensiones) y el Gobierno tuvo a su alcance unos 74.000 millones de pesos.

3 Medios audiovisuales
La guerra abierta con Clarín desembocó en la redacción, hace tres años, de una ley de medios audiovisuales recurrida en la Justicia por el principal grupo de comunicación.

La “ley con nombre y apellidos”, según expresión de la ensayista Beatriz Sarlo, fue un traje a medida que el Gobierno no logra ajustar a quien considera su principal enemigo.

4 Lucha antiterrorista
Hasta Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y kirchnerista incondicional, dijo “En Argentina no hay terrorismo”. No obstante, la ley 26,734, conocida como ley antiterrorista, tuvo un tratamiento exprés y salió adelante en diciembre de 2011.

5 Intervención de YPF
Sin lugar a dudas, la joya de la corona kirchnerista en materia de leyes fue la intervención y expropiación sin compensación económica del 51% de las acciones de YPF a Repsol. Las imágenes del folclore en las sesiones del Senado y en la Cámara de Diputados recorrieron el mundo entero. El resultado –como en Aerolíneas Argentinas– fue de mal en peor.

La “soberanía energética” y autoabastecimiento siguen siendo una ficción. La producción de todos los productos se ha reducido y la importación de combustible, solo en el primer trimestre del año, aumentó un 57%.

6 Imprenta expropiada
En agosto de 2012, el rodillo oficialista expropió la Compañía de Valores Sudamericana, más conocida como la ex Ciccone. Se trataba de una imprenta quebrada contratada para la impresión de papel moneda y gestionada por un presunto testaferro del vicepresidente, Amado Boudou. La opinión pública no parecía dar crédito a lo sucedido.

7.- Mercado de capitales
Las sesiones legislativas de 2012 se despidieron con una ley que hoy adquiere un valor determinante. Conocida como reforma del mercado de capitales, la ley permite –sin la presencia de un juez– la intervención de cualquier empresa por el Estado, a petición de un accionista minoritario, durante 180 días.

El interventor podrá reemplazar el Consejo de Administración así como el resto de los órganos directivos. Los afectados solo puede recurrir al ministro de Economía. La norma abre las puertas de par a la intervención de del grupo Clarín, donde el Estado es accionista tras quedarse con la participación de las AFJP que nacionalizó.

8.- Convenio con Irán
Quizás la ley que más hiera la sensibilidad de los argentinos sea el Convenio con Irán, aprobado por la mayoría oficialista el pasado marzo. Éste deja la investigación del atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelí Argentina), en el que murieron 86 personas, virtualmente en manos del país acusado de colocar la bomba que hizo escombros el edificio más importante de la comunidad judía.

9.- Reforma de la Justicia
El único estamento capaz de poner freno a los atropellos del poder se convirtió en mayo en objetivo del Gobierno de Cristina Fernández. El Poder Judicial expresó su rechazo, pero la “democratización de la Justicia” –expresión oficial para definir el paquete de proyectos de reforma– tiene luz verde, aunque está recurrido en la propia Justicia y la última palabra la tendrá la Corte Suprema.

Los puntos más polémicos son la reducción a la mínima expresión de la figura de los amparos contra el Estado y el voto universal para elegir a los jueces de un ampliado Consejo de la Magistratura (Consejo General del Poder Judicial) que tendrán que ir en listas de partidos políticos.

10.- Blanqueo de capitales
La última ley –en tramitación, pero con su aprobación garantizada– es la denominada de blanqueo de capitales, siempre y cuando el capital sea en divisas. El Gobierno creará unos bonos y certificados de depósitos para canjear por los dólares de origen desconocido libres de impuestos.