El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que entregó a Nicaragua una extensa zona del Mar Caribe que controla Colombia es “inaplicable”, sostuvo hoy el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón.
El principal órgano de justicia de las Naciones Unidas amplió la jurisdicción de Nicaragua sobre una amplia zona rica en recursos petroleros y pesqueros, un fallo que celebró el país centroamericano y que cuestionó Bogotá.
“El fallo que ha dado la Corte de La Haya es inaplicable y (…) no se puede aplicar ni ahora ni dentro de cinco o diez años”, dijo Garzón en un acto académico, en el más reciente pronunciamiento de un funcionario de Bogotá sobre el diferendo con Nicaragua.
“Es un fallo inaplicable, no contribuyó a mejorar los problemas limítrofes entre Nicaragua y Colombia, sino que los ahondó y los complicó mucho más al comprometer a otros países”, agregó sin explicar las razones por las que no se puede aplicar.
El tribunal internacional ratificó la soberanía colombiana siete islotes que reclamaba Nicaragua –además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina–, pero perdió el control de una plataforma marítima con un elevado potencial económico.
El fallo modificó los límites desde la frontera previa establecida en el meridiano 82 que Nicaragua consideraba que vulneraba sus derechos.
De acuerdo con Bogotá, la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene implicaciones limítrofes sobre otros países como Costa Rica, Honduras y Jamaica, que comparten fronteras marítimas con Colombia y Nicaragua.
MANTIENEN A SU ARMADA
El Gobierno de Colombia, que no ha acatado el fallo pese a que es inapelable, analiza posibles acciones jurídicas para contrarrestar sus efectos, mientras mantiene embarcaciones de su armada en la zona con el argumento de que lo hace para defender su soberanía.
El Gobierno de Bogotá dejó de reconocer la jurisdicción de la CIJ en disputas fronterizas después del fallo de noviembre, decisión que no le permite evadir el fallo, pero que bloquearía sentencias limítrofes en su contra si hay nuevas demandas.
Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, según expertos.
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