Análisis de la crisis política en Venezuela por Juan Carlos Ladines

La justificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha sido la “omisión inconstitucional parlamentaria” como señalan varios medios y referida en la Sentencia 156. Esto, más bien, suena a una ironía, debido a que algunos meses atrás la Asamblea Nacional buscaba la oportunidad de vacar al Presidente Nicolás Maduro por abandono de cargo.

Desde el año 2015 el parlamento ha estado al mando de la oposición (poco cohesionada) de Venezuela. Desde ese foro, se ha tratado de desmantelar parte de la maquinaría burocrática y política que elaboró Hugo Chávez, y Nicolás Maduro reforzó. Sin embargo, este esfuerzo de la oposición no ha llegado a buen puerto, al tratar de desactivar una serie de iniciativas que eran enfrentadas por el Gobierno central y su, ahora aliado, el TSJ. Asimismo, Nicolás Maduro inició una campaña frontal de desprestigio contra la Asamblea Nacional. La irrupción de militantes del gobierno fue solo el inicio de la estrategia llamada a cerrar el parlamento; como respuesta la Asamblea Nacional buscó defenderse y trató de vacar al presidente sin éxito alguno.

A todo esto, el pueblo venezolano aún atraviesa una situación de crisis económica, y de acuerdo a lo planteado líneas arriba, se demuestra que la confrontación de ambos bandos no han servido para el apaciguamiento político, y la búsqueda de soluciones en favor de una recuperación económica. Al contrario, la respuesta a esto es un ejercicio autoritario de poder en busca de que el caos y los levantamientos populares en Venezuela se contengan.

A nivel regional esto es un gran paso hacia atrás de lo expresado en la Carta Democrática en el 2001 por todos los países de la región yendo en un sentido contradictorio a lo avanzado por varios países como Argentina, Perú, Argentina, Chile, entre otros. Esto solo profundiza la grave situación institucional que franquea Venezuela, y si antes su impacto se contenía a nivel domestico, ahora al suspenderse la Asamblea Nacional, las tensiones a nivel internacional pueden agudizarse.

Sin voto y participación en la Asamblea de las Naciones Unidas (dada las deudas impagas que mantiene con dicha institución); suspendido del Mercosur, Venezuela se queda marginada en el sistema internacional. La presión de organismos internacionales para que el orden democrático retorne será importante, puede ser la oportunidad para el resto de Latino América de ejercer la presión debida para que Maduro regrese a las cauces institucionales (así sean débiles) o en su defecto pedirle que de un paso al costado. Es el momento que, Latino América (y con miras a los proyecto totalizadores como el de Nicaragua y las elecciones en Ecuador y las próximas en Bolivia) entienda a la democracia como un bien colectivo común que favorece a sus ciudadanos.

Bajo una mirada doméstica, a la oposición le quedan dos opciones: la primera, entra en estado de confrontación total y busca el levantamiento popular como medida de presión o fuerza. La segunda, mediante presión internacional se abre un nuevo debate entre los grupos políticos para que Maduro, por una tercera vez abra el diálogo. ¿Es posible que esta vez le crean al Presidente y no sea el obstruccionista democrático que reclama la oposición? Dudo mucho de esta segunda opción, pero tampoco debemos desear la primera.

El gobierno venezolano se ha puesto en una posición muy complicada y no presenta propuestas claras. La posibilidad de convertirse en un paria internacional es ahora más cercana, algo que Latino América ha aprendido a lo largo de las dos décadas pasadas.