Los hallazgos sobre el caso Bussines Track (BTR) en las pesquisas realizadas por la denominada ‘megacomisión’ –que investiga en el Congreso el segundo régimen de Alan García– evidenciarían que hubo injerencia política del más alto nivel gubernamental en el proceso de indagación policial y fiscal, según el parlamentario Pedro Spadaro (Fuerza Popular), miembro de ese grupo de trabajo legislativo.
“Esta investigación parlamentaria, de la interceptación telefónica de BTR, demuestra que hubo interferencia política de las ‘altas esferas del gobierno aprista’”, sostuvo.
El legislador fujimorista anotó que cuando esa denuncia se hizo pública –en 2009– se evidenció una aparente vinculación de altos funcionarios del gobierno de García con los hechos denunciados por la ‘megacomisión’.
“Por esa razón, determinados ministros y personas vinculadas al exmandatario que estaban comprometidas en hechos irregulares han pretendido ejercer presión para que no se conozcan las interceptaciones”, señaló.
El informe preliminar de ese grupo de trabajo –presidido por el parlamentario oficialista Sergio Tejada– concluye que hubo interferencia política en el caso BTR y recomienda denunciar a Alan García y a ocho funcionarios de su reciente gestión presidencial (2006-2011).
Este documento fue entregado el viernes pasado a los integrantes de la ‘megacomisión’, a cuya sesión reservada solo acudieron cuatro de sus siete miembros.
NIEGA SESGO
Ante los cuestionamientos de los apristas, de que existe un sesgo en la labor de esa comisión investigadora para perjudicar a García, el congresista Spadaro negó esa acusación.
“Siempre van a manifestar eso. No pueden decir que todo lo ocurrido en el gobierno anterior fue inmaculado. Hemos visto ya lo que sucedió con los ‘narcoindultos’. Nuestras investigaciones no son políticas”, alegó el legislador.
Consideró como “anecdótica” la filtración del informe a los medios de comunicación.
DATOS
- En el informe preliminar se recomienda denunciar a Alan García, entre otros elementos, por sus supuestos vínculos con el acusado de ‘chuponeo’ Elías Ponce, dueño de BTR.
- También se menciona que García llamó a la fiscal Gladys Echaíz y al entonces ministro Ántero Flores-Aráoz para, presuntamente, interferir en el caso.
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