Partidos deben responder

El origen de este tipo de casos en el Congreso se encuentra en los partidos políticos, que no son fuertes ni disciplinados y que, en la práctica, actúan en función de aventuras electorales.

Las organizaciones políticas deberían hacerse responsables por las personas que llevan al Legislativo.

Pero una vez que un parlamentario asume su cargo, la instancia que debería responder por cualquier situación indebida en que este resulte implicado es la bancada a la que pertenece. Es decir, los grupos legislativos que están representados en la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva del Congreso.

Lo mismo debería suceder con los funcionarios que los legisladores contratan con fondos públicos, bajo diversas modalidades.

La actual situación no va a cambiar si siempre la responsabilidad se derivará a otros órganos, que son externos al Parlamento, como la Contraloría o Fiscalía.

Los congresistas deberían tener derecho de contratar a un solo empleado y el resto de personas que necesiten –asesores– podrían ser contratados mediante los grupos parlamentarios.