Cada semana se conocen, a través de los medios de comunicación, graves situaciones de maltrato en los colegios. Lamentablemente, son pocos los casos que se denuncian ante las autoridades educativas y, menos aún, los docentes que reciben alguna sanción.
La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a siete unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) –de las ocho que hay en Lima y Callao–, y descubrió que solo el 37.87% de las quejas presentadas ante esta institución estuvieron relacionadas con casos de violencia contra estudiantes.
¿A qué se debe esto? Para Luz Mejía, del Área de Temas Prioritarios de la Oficina Defensorial de Lima, no hay cumplimiento de la normatividad.
“Estas acusaciones no se registran y se arreglan en el mismo plantel, entre el director y el padre de familia. Han sido atendidas de manera irregular”, señaló.
Esto demuestra un gran desconocimiento de los progenitores sobre la manera en que se debe proceder para acusar a un profesor que haya maltratado a un niño.
Además, la Defensoría comprobó que, del total de las denuncias que fueron presentadas en las UGEL, el 75.07% ha sido concluido. De este último grupo, el 62.79% ha sido archivado por falta de pruebas, entre los que se encuentran varios hechos de violencia.
También se ha detectado que el personal receptor de las quejas no es necesariamente el idóneo y que son pocos los docentes que reciben una sanción efectiva. “Se pone en riesgo la integridad de los chicos, que pueden estar a cargo de un agresor”, refirió Luz Mejía.
TENGA EN CUENTA
- La Defensoría propuso que se cree un registro único de violencia ejercida por personal educativo.
- También ha sugerido que se capacite a los encargados de recibir denuncias.
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