Una norma más para “agilizar”

En medio de la incertidumbre empresarial, la promulgación de la Ley N°30025, que pretende agilizar los procesos de expropiación de inmuebles para obras de infraestructura, declarados de necesidad pública, podría significar un paso adelante.

Justamente esta norma, promulgada ayer por el Gobierno, declara de necesidad pública 69 grandes proyectos que suman inversiones por US$10 mil millones, estimó el estudio de abogados Delmar Ugarte.

En la lista de obras priorizadas destacan la Interoceánica Sur, el aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), las líneas 1 y 2 del Tren Eléctrico y los puertos de Paita y San Martín, en Pisco.

Luis Peschiera, socio del citado estudio, refirió que la ley acelerará de uno a dos años los procesos de expropiación. Así, cuando no haya un acuerdo entre el afectado y el Estado, el proceso irá a un arbitraje antes de que vaya a juicio. “El arbitraje demora máximo un año, mientras un juicio toma entre dos a tres años”, sostuvo. Si se llega a juicio, la ley permite la posesión anticipada del Estado sin esperar el fallo, agregó el especialista.

MAYORES PAGOS
Peschiera también destacó que esta nueva regulación ofrecerá más compensaciones a los propietarios pues, además del valor comercial del inmueble, el Estado reconocerá un lucro cesante por los ingresos que se dejarían de recibir en caso el dueño realice actividad comercial.